Tanto le da el agua al cántaro…
Así
no más ha sido, el “cacharro de greda” ha comenzado a mostrar
las primeras trizaduras y ya era hora. El vil asesinato del joven
camionero Byron Castillo en Antofagasta a manos de inmigrantes
irregulares extranjeros –venezolanos- trajo a la memoria otro
cruel crimen -hasta la fecha impune- del camionero Juan Barrios,
quemado en Victoria en una ataque incendiario a su fuente de trabajo,
lo que ha generado una reacción espontánea de los chilenos que
salieron a protestar en Iquique y en Antofagasta, a lo que se sumó
el bloqueo del gremio de los camioneros por más de dos días, dando
lugar a problemas en aeropuertos y cortes en carreteras extendiéndose
a diversas regiones, pero, que sin embargo, ha contado con la
aprobación de gran parte de la población cansada y hastiada de la
ineficiencia demostrada por lo últimos gobiernos, en especial el
actual para poner término al caos y a la delincuencia generada por inmigrantes a través de pasos no habilitados.
No obstante, no puede
ser más repudiable y despreciable la actitud del presidente Piñera
quien ha tenido el descaro de continuar en vacaciones a pesar de
afirmar que se mantiene al tanto de los hechos vía zoom, y si a ello
se suma la cadena de incendios intencionales en la macrozona sur, con
ataques a helicópteros y bloqueo de rutas a bomberos y brigadistas
por la organizaciones de terroristas mapuches, constituye una
prueba fehaciente de notable abandono de deberes lo
que amerita una acusación constitucional, ahora o dentro de los
seis meses después de la entrega de su cargo.
El
ministro Delgado - convertido en una especie de
“saca clavos” – no
pareció evaluar en primera instancia la magnitud de la situación al afirmar
que estamos "disponibles
para desplazarnos", siempre y cuando se despejen los cinco
cortes de ruta como
“garantía mínima”
para reunirse de forma presencial, evaluando incluso eventuales querellas contra los camioneros o invocar la Ley de
Seguridad del Estado, lo
que
obviamente, lejos de ser asumidas provocaron un mayor repudio; ni aún
con sus declaraciones de pesar:"Como
Gobierno no solamente repudiamos, sino que también nos adherimos al
dolor de la familia de Byron castillo. […] También comprendemos el
dolor de sus compañeros de ruta."
Definitivamente,
el
ministro del Interior hizo tripas corazón y tuvo que doblegarse y
concurrir a Antofagasta. Se reunió con 17
representantes de los gremios de transportistas, anunciando
a continuación una serie de medidas:
- Decretar el Estado de Excepción Constitucional en zonas fronterizas de las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y Loa. “Esto va a permitir tener un estado de excepción en donde por supuesto las Fuerzas Armadas van a poder colaborar de mejor manera también con las policías.
- Reforzar la seguridad en las rutas que más interesan a los camioneros en el norte.
- Poner en régimen la Ley Migratoria, mediante la publicación del reglamento correspondiente. “En ese contexto, hablamos acerca de la re-conducción, de los distintos alcances de la ley.”
- En materia de seguridad, “definimos algunos ejes que son muy sentidos por la comunidad de esta región y viene un refuerzo importante en medios aéreos y terrestres para sobre todo supervisar y vigilar las rutas que a los gremios más les interesa …. “
Sin embargo, pasadas
las horas un grupo de camioneros retomó las movilizaciones
persistiendo
en los
cortes de rutas de acceso de Antofagasta, Tarapacá y otras regiones
que
solidarizaron,
estimando que las bases no se habían sido consultadas y acusando al
dirigente
de
la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile, de
ser un “palo blanco” llevado por el Gobierno, obligando
al “saca clavo” a
sobar
el lomo a quienes aún persistían en los cortes de ruta.
A
juicio del exigente Toribio, estima que estas medidas son como el
ácido hia-lu-ró-ni-co,
porque
en esta mesa han faltado varios comensales que han sido permanentes
piedras en los zapatos. En primer lugar, los jueces, que en forma
persistente han interpretado la ley a su pinta obstaculizando las
medidas adoptadas por el ejecutivo en torno a los emigrantes, y pese
a la nueva ley y su reglamento, no escatimarán esfuerzos en echarles
“pelos
a la leche.” Y
en el mismo sentido, él, el imponderable Contralor General de la
República, que lejos de las atribuciones que regulan dicho organismo
ha incursionado hasta en
el
“modus operandi” de las instituciones de las FF.AA. ¿Cuál será
su
papel
en los estados de excepción anunciado por el ministro Delgado? ¿Que
seguridad tendrán sus funcionarios que en el día de mañana no sean
juzgados por dar cumplimiento a sus obligaciones, como ya ha sucedido
en numerosos casos por la interpretación particular de
jueces y fiscales ideologizados?
El
gobierno informó de la re-conducción de decenas de ilegales a
Bolivia, es un avance, no está claro sí el
procedimiento y quienes lo podrán realizar; por otra parte, ACNUR, un
brazo de la ONU para la agenda 2030, no tardará en meter su cuchara
por cuanto no esperarán mucho tiempo para aludir a la no-devolución
considerada en el Pacto de 1951 y
de una larga lista de tratados internacionales. Por otra parte, los
abogados del Servicio de Migrantes Jesuitas deben estar sacando punta
a los lápices para invocar la
ley 20430 y el concepto de re-conducción -no se cual será la
diferencia con la no devolución- ya dicha norma establece que
no procederá
la expulsión o cualquier medida que tenga por efecto la devolución,
incluyendo la prohibición de ingreso en frontera, de un solicitante
de la condición de refugiado o refugiado al país donde su vida o libertad personal peligre. De un modo u otro se las arreglarán para un recurso de amparo u otra argucia legal.
Se han echado de menos medidas más inmediatas tendientes a ubicar y
conocer la cantidad de inmigrantes ilegales, la regularización de su
situación y los antecedentes para quienes puedan solicitar visa, asilo o refugio. ESTO
RECIÉN COMIENZA SEÑORES.
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
Si estimas de interés ruego difundir
No hay comentarios:
Publicar un comentario