Galería de
prevaricadores
No
estimados amigos, es solamente coincidencia. Procesos que por largos años se han
sustanciado ─constituyendo una carga anímica, social y económica no solamente
para los afectados, sino para todos sus familiares, lo que a la postre más de
una ha resultado destruida─ acogiendo la petición de los sucesivos gobiernos de
acelerar las causas, es que en los últimos días del mes de agosto ─temerosos,
varios de no pasar ese mes, lo que Toribio lamenta─ han dado curso a numerosas
resoluciones judiciales de las que ya nos tienen acostumbrados: Falta de un
debido proceso, denegación de la justicia, no observancia de la ley de Amnistía
ni de la prescripción de los delitos; negación de las disposiciones pro reos;
aplicación de un sistema procesal caduco e injusto que solo se mantiene para el
personal de las Fuerzas Armadas; aberraciones judiciales e inequidades como el
estúpido secuestro permanente o ficciones jurídicas como lo reconoció públicamente un ministro; negando incluso lo
que señala la Corte Internacional de Justicia, aplicando normas que no estaban
vigentes en Chile al momento de producirse los supuestos delitos, y un largo,
etc., etc., que conocen mucho mejor los abogados que este modesto ciudadano de
a pie y recluido en una isla.
Pruebas al canto:
22 de
agosto: 8 oficiales de Ejército. Edad de los condenados desde los 72 a
90 años. Sancionados de 4 a 15 años de presidio por hechos ocurridos en 1976. Caso
Carmelo Soria, funcionario de la CEPAL. Incluso, uno de ellos había sido
juzgado y amnistiado por Ley 2.191 por la misma Corte Suprema en 1996, pero que
ahora se estimó que “Las actuaciones
procesales antes reseñadas, dejan en evidencia que la aplicación del Decreto
Ley N° 2.191 sobre Ley de Amnistía, importó sustraer al inculpado de la acción
de la justicia. Ley que ha permitido durante los últimos
30 años la amnistía para cientos de subversivos condenados por hechos de
sangre.
28
de agosto: 7 oficiales de Ejército. Edad de los condenados desde 73 a 86
años. Condenados por el caso de Víctor Jara, subversivo y cantante, y de Litre
Quiroga, hecho ocurrido en 1973. Las
condenas van desde los 8 a los 25años.
29
de agosto: 5 oficiales de Ejército y
15 agentes. Edad de los inculpados desde los 69 a los 86 años. Caso calle Fuente Ovejuna, casa de seguridad
del MIR donde su ocultaban los dos asesinos del general Carol Urzúa, Intendente
de Santiago y de dos de sus escoltas. Hecho ocurrido en 1983. Condenas de 3
años y 1 día; 10 años y 1 día; y 15 años y 1 día de presidio. Varios de ellos ya cumpliendo condenas que
superan los 100 años de reclusión
30 de agosto: 2 oficiales y 1 suboficial de Ejército; 1 policía de Carabineros. Edad de los condenados de 78 y 81 años. Caso campamento de prisioneros de Pisagua. Hecho ocurrido en 1973. Secuestro permanente. Un oficial falleció en el año 2018 y el carabinero en el año 2022. Condenados a 10 años y 1 día de presido. Se supone que los secuestrados deben estar enterrados junto con los fallecidos.
Por si fuera
poco, la izquierda, deseosa de beber sangre, cual un Barnabás del siglo XXI,
pretende que el Informe Valech que su mismo autor expresara que “él actuó de buena fe” ─sin
prueba alguna─ para dar crédito a las miles de denuncias por atropello a
DD.HH. y que se acordara develar sus secretos en el año 2054, pretende hacerlo
ahora. Más allá de los legítimos deseos de conocer información respecto del
destino de desaparecidos, lo que se pretende sin duda alguna, gracias a las
compensaciones económicas generados por el Informe Rettig, es no dar término a
los “pseudos emprendimientos” suscitados por miles de procesos, que han
contribuido a enriquecer a los abogados querellantes, ya que a dicha fecha no
habría ningún eventual culpable vivo. Dicho sea de paso, a propósito del
reemplazo de la ministra, rubia y buena moza, que gusta lucir sus piernas con minifaldas
y que además de su acucioso profesionalismo estaría inspirada en razones
personales que no dan al caso comentar –según algunos– abrió a última hora una caja de pandora que
daña a una alta autoridad institucional, tal como lo hizo Bachelet con el
tardío decreto de cierre de Punta Peuco y de su informe de DD.HH. en la ONU. .
Pepe Grillo, este pajarraco que se las arregla para llegar hasta los lugares más recónditos, que no es el
personaje de Disney ─aunque se parezca─ ni
del rapero chileno ni otro individuo, en relación con el río recurrente
de militares y policías ingresando a los penales producto de lo ya señalado, como
asimismo, del persistente deseo de cerrar Punta Peuco, me sugiere la receta
colombiana y ante mi desconocimiento me respondió: la “Operación Nariño”.
Interiorizado al respecto, le dije: nada
que ver, son situaciones absolutamente distintas; consulta a un psiquiatra,
parece que no estás consciente de esa enorme tragedia; no están las papas para
caldo, ni estarán, no es nuestra idiosincrasia. Ante lo cual muy ufano de
cuerpo, agregó: bueno, pero ahora con la
inmigración hay mano de obra barata. Ante lo cual junto con responder: Vade retro satanás, le di una fuerte patada y salió volando por el aire.
FERNANDO
HORMAZABAL DIAZ
General de
Brigada (R)
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