237. ¡OH LA JUSTICIA MILITAR!

 

Voces de papagayos

         Actualmente  Chile está invadido de papagayos, y no son los loros que han migrado en grandes cantidades desde Argentina, sino, son como los tricahues, autóctonos, pero con lenguaje sonoro y estridente, que sobre sus alas llevan una hoz y un martillo en fondo rojo. Hace tiempo que pululan en todos los espacios y recintos públicos y privados; alimentados desde el gobierno y el congreso; o en especial en los matinales, auspiciados por periodistas o conductores teñidos o ignorantes, y repiten la misma cantinela que “la justicia militar no da ninguna garantía porque es un mismo juez el que instruye, investiga, y sentencia, etc.” Apostaría doble contra sencillo, o parodiando al Rey Arturo, “daría mi reino por un caballo,” si alguno de los que vociferan que en el caso de Putre sea la justicia ordinaria la que investigue, si alguna vez haya echado siquiera un vistazo a las leyes.

     Independiente de lo que se resuelva al respecto, hoy o mañana, que podría ser diferente a lo que dicen las normas legales, dada la prostitución que existe en el poder judicial, Toribio, que es lego al respecto, apunta en una síntesis lo que dice nuestra legislación. (Ley Fácil de la Biblioteca del Congreso Nacional)

        Jurisdicción Militar: Los Tribunales Militares (T.M.) tienen jurisdicción sobre los chilenos y extranjeros que sobrevengan en todo el territorio nacional, para juzgar todos los asuntos de la jurisdicción militar en los siguientes casos: Cuando se trate de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones o en comisiones del servicio y cuando se trate de delitos contra la soberanía del Estado y su seguridad exterior o interior. Procesa los delitos especificados en el Código de Justicia Militar (CJM), las infracciones al Código Aeronáutico; y a la ley de reclutamiento y movilización. En ningún caso, los civiles y los menores de edad, que revistan la calidad de víctimas o de imputados, estarán sujetos a la competencia de los tribunales militares, sino siempre radicará en los tribunales ordinarios con competencia en materia penal. Encausa solamente a militares definidos por el artículo 6° del CJM y en caso de agresión de un civil a un militar o carabinero, sólo la justicia ordinaria es competente para juzgar, sin importar el delito que haya cometido.

      Los militares pueden ser juzgados por la justicia ordinaria cuando cometen un delito común que no ocurra en estado de guerra, en un acto del servicio militar o en general en recintos militares o policiales o cuando la víctima es un civil.

         Tribunales Militares en Tiempo de Paz, existen a pesar que el individuo que "habita" en La Moneda, mal llamado presidente de la república, expresó que solo funcionan en tiempo de guerra. Bueno, que se le va a hacer, si dos veces reprobó el examen de grado y con notas deficientes. No le pidamos peras al olmo.

        Están considerados en el Art.5° del Código de Tribunales y constituidos por los Juzgados Militares Institucionales que formalizan la justicia de 1ª. Instancia e integrados por un juez Militar, Auditores y Fiscales Militares. La Corte Marcial de Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros, compuesta por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago, el auditor general de la FACH, el auditor General de Carabineros y un coronel de justicia del Ejército; y la Corte Marcial Naval, integrada por dos ministros de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el auditor general de la Armada y un oficial general de la misma institución. Las Cortes Marciales representan la justicia de 2a. instancia, y las presiden civiles, los ministros más antiguos designados de las cortes de apelaciones ya menciondas. Sobre las Cortes Marciales se encuentra la Corte Suprema, que en este caso es el tribunal de casación en la forma y en el fondo, además de tener la superintendencia directiva y disciplinaria sobre los tribunales militares en tiempo de paz.

       Basta la lectura de estos antecedentes para verificar que miembros de la Justicia Ordinaria integran y presiden las Cortes Marciales; y que finalmente es la Corte Suprema la que tendrá la última palabra. De tal manera que las críticas que se hagan a la justicia militar están absolutamente guiadas por el ideologismo e intereses políticos, y con un manifiesto propósito de horadar los cimientos morales de una institución fundamental de la república, que es el objetivo del Partido Comunista y del Frente Amplio.

     No cabe la menor duda que el interés del I.N.D.H. es pretender que sea el mismo procedimiento que se sigue para juzgar a los camaradas de armas por hechos del pasado, porque no será difícil que se inventen hechos que constituyen delitos de lesa humanidad, porque no han tenido ningún descaro para llevarlo a cabo con los camaradas de armas actualmente condenados. 

       El Juez  de Garantía de Arica, Juan Araya, rechazó la petición de la ministro en visita, en el sentido que este caso sea juzgado por la justicia militar; y haciendo demostración de su oscurantismo o ideologismo, declaró: que excede los bienes jurídicos militares por cuanto los hechos se suscriben solo al día de la marcha y no anteriores, donde supuestamente se habrían cometidos delitos, de bienes jurídicos distintos, de mayor amplitud como la dignidad de la persona humana, la libertad, la vida. A mayor abundancia agregó que la justicia militar tiene jurisdicción en los recintos militares y que los ejercicios militares se hicieron en bienes de uso público, puntualizando que la Corte Suprema, en casos anteriores si no se trata de bienes jurídicos propiamente castrenses no correspondería la justicia militar, desconociendo exprofeso lo que señalan los artículos 3 y 5 del C.J.M. En definitiva cortará el queque la Corte Suprema, sin la concurrencia del Auditor General del Ejército. Pronóstico: Lluvia con truenos y relámpagos. No sería descatable que dicho tribunal ceda por la presión de los medios y de las redes sociales antes de velar por la real justicia. Ojalá me equivoque.

 

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R) 

236. ERA LA OCASIÓN PROPICIA

 

La jauría no podía esperar

        Era tarde de futbol y haciendo zapping para ver un partido del Colo ─nadie puede ser perfecto─ que felizmente no lo vi, sintonicé Sin Filtros, y justo cuando un octubrista neto, anarquista y asistemático, hacía  referencia a los hechos acaecidos recientemente en Putre, con los peores epítetos hacia el Ejército, tratando de asesinos, al igual como asesinaron en Antuco a 47 soldados, y sin embargo, cuando hizo referencia a los 3 carabineros recientemente asesinados, se refirió a ello tan solo que murieron. De más está decir que el nivel intelectual de esa persona desentonaba con los otros panelistas de izquierda presentes. Este hecho, además de los diversos comentarios de que los diferentes medios se han nutrido, en especial de soldados y familiares, que distan mucho de la realidad mientras se realizan las investigaciones, me llevó a escribir estas líneas y que en ningún caso pretenden colocar un manto de impunidad hacia eventuales faltas o delitos, si las investigaciones que se están llevando a cabo si así lo determinan, sino, más bien a poner la “pelota en el piso,” atendido el hecho que el Partido Comunista y el Frente Amplio, estaban esperando una ocasión propicia[  para soltar a las hienas y lanzarse contra el Ejército y su comandante en jefe, ahora que se había desinflado el caso del Director General de Carabineros.

        En primer lugar, respecto al fallecimiento del soldado y de los otros que quedaron heridos es un hecho muy lamentable que nos ha impactado a todos y que obviamente sea muy difícil de aceptar por sus familiares, para quienes Toribio expresa sus más sentidas y profundas condolencias, por el cariño que siempre les tributó a quienes anualmente concurren a hacer el Servicio Militar, y con mayor razón ahora que es voluntario. Sin embargo, esta unidad lleva 50 años en la zona y es la primera vez que se da un hecho de esta naturaleza. Quienes la conocemos sabemos que el servicio es muy duro, en especial por el problema de la altura para quienes no están acostumbrados, o bien, su fortaleza física es insuficiente, habiendo sido afectado Toribio en dos oportunidades a lo largo de su carrera. Al soldado conscripto si bien se le exige en su entrenamiento, pero no se le da el trato que algunos medios han difundido y que las investigaciones que se están llevando a cabo tanto en el sumario interno como el que lleva a cargo la ministro en visita aclararán los hechos. Pero es nefasto que algunos medios se sirvan para difundir noticias que en el fondo distan mucha de la realidad, afirmados en declaraciones que no han estado ajenas al dolor natural, al sensacionalismo y al ideologismo. Entre otras, la senadora Campillay, la misma que llamaba a quemarlo todo y que en el mundo de Kabuki preside la Comisión de Derechos Humanos.

        Ahora los señores “honorables” diputados haciendo uso de sus atribuciones aspiran a conformar una comisión investigadora, que como todas terminará en nada, porque en esta ocasión no ha faltado organismo alguno del Estado para devorar la presa, C.G.R, INDH, Consejo de Defensa del Estado, hasta pedir una segunda autopsia, como si la primera hubiese sido realizada por la institución afectada. Pero estas comisiones investigadoras en sí constituyen un escenario para ganar reflectores y micrófonos, politizando al extremo su desarrollo, de lo cual esta modesta pluma la sufrió en propiedad. Los comunistas se soban las manos en busca de su objetivo que es destruir al Ejército; su propósito no es llegar a una verdad, que será la que determine la justicia.

      La opinión pública debe tener la certeza, que la institución de haber existido negligencia o dolo, que no lo creo, arbitrará todas las medidas necesarias, como ya lo ha hecho con los mandos respectivos, solamente por el concepto de la responsabilidad, lo que está muy lejos de ocurrir con los señores parlamentarios, políticos y autoridades en general, lo que a diario el ciudadano de a pie constata.

      Por otra parte, lo que los chilenos debemos tener presente es que la “materia prima” actual no es la misma de la Guerra del Pacifico, ni de los años 30 del siglo pasado, ni mucho menos de los años 70, en que por semanas el personal de las fuerzas armadas y carabineros que estaba desplegado en la frontera ante los peligros de guerra con nuestros vecinos, con mucho menor equipamiento soportaba temperaturas en las noches muy superiores a las de esta ocasión y sometidos a esfuerzos mayores. Los cadetes de la Escuela Militar en la década de los 50, de 15 a 17 años, si bien en un escenario diferente, marchamos con equipo completo desde Valdivia a Osorno en tres jornadas, es decir una distancia de aproximadamente 120 km. Así como la ley del cobre baja en los minerales en la medida en que estos se explotan, las condiciones físicas de los seres humanos también disminuyen; la misma modernidad pródiga en mejores alimentos y recursos de la ciencia y de la medicina, ha aportado a menores exigencias físicas y a un mayor sedentarismo. Es el resultado del progreso. Mucha tele, mucho celular y play station, auto, moto, etc., hasta en los hogares más modestos; y si a eso sumamos el alto consumo de droga en nuestra juventud que nos pone a la cabeza de los países más consumidores en nuestro barrio, tenemos como consecuencias las recientemente sucedidas.

        Un hecho más, atendida la petición de un querido sobrino para no ser tan latoso, lo que muchos deben compartir. Este lamentable incidente ha incidido en que haya personas que cuestionen el Servicio Militar. Hasta hace algunos años, ya en “democracia”, se suspendió el SMO y en la actualidad es voluntario, lo que redunda en una menor cantidad de "materia prima" disponible para llevarlo a cabo, que por lo general es copada con las clases más pobres. Por otra parte, las regiones que más requieren por razones obvias son las extremas, siendo necesario completarla con jóvenes que provienen de las ciudades, donde la “ley” es de menor calidad. Este problema que afecta no solo a Chile, es cada día más grave, pues los jóvenes no contraen matrimonio sino hasta cuando son adultos ya formados. Hablemos de 38 y más años, es decir con rodaje, con una o más vuelta al kilometraje y muchos optan por tener menos hijos e incluso preferir mascotas. No estamos en condiciones de tener fuerzas armadas 100 % profesional, es decir sin contingente anual por el elevado costo que ello demanda, pero adhiero a lo que alguien propuso que el SM sea debidamente remunerado, a lo menos con un sueldo mínimo.

    Toribio, dentro de sus desvaríos pero bien intencionados, suma además del restablecimiento de la pena de muerte, de la refundación del poder judicial y del congreso,  a reimplantar el S.M.O.

 

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

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 [FHD1]

235. TORIBIO EN PECADO

 

El Chile de hoy… ¿Qué será más adelante?

        Toribio reconoce que muy pronto tendrá que visitar el confesionario de su amigo cura, pero no es por los que están creyendo los malpensados. Sino, porque está siendo inconsecuente con los proverbios de Mateo 5.21.; al no poder amar a los que a diario nos ofenden, nos injurian, nos perjudican o nos creen imbéciles. Si bien se resiste para hacerlo a través de estas líneas, su corazón, mente y boca no lo hacen. Pero, díganme apreciados lectores ¿Cómo se puede obrar cuando casi todos los días se escucha a Boric disculparse de mentiras o afirmaciones hechas con anterioridad, llevando dos años en esa conducta? Las justificaciones de Tohá o de la Miss Vallejos no convencen ni a los más iletrados; escuchar a los ministros de Hacienda y de Educación ─por nombrar algunos─ decir que cada día estamos mejor, siendo la realidad muy distinta saca de quicio. Ayer escuchaba y veía a la “Honorable” senadora Campillay señalar la plata mal gastada en Carabineros, habiendo tantas otras necesidades. Fue muy lamentable el accidente que sufrió que le hizo perder la vista o parte de ella, como afirmaba la doctora Cordero, al verla dirigir la vista de un lado a otro. La "senadora" recibirá una indemnización de $410 millones –se la bajaron de $680 millones–, lo que no ha recibido un Carabinero que durante la protesta delincuencial fue afectado de igual forma. Por otra parte, el irreverente de Mateo, Toribio, espeta que fue elegida en ese cargo gracias a dicho accidente ─porque méritos o preparación alguna no se le conoce─ lo que le reporta un salario y asignaciones de $30 millones aprox. ¿Donde está el dinero mal gastado?

          En Vallenar, un juez exigió al director de una escuela que aumentara una vacante para un alumno determinado, y como lo anterior exigía tiempo para una autorización superior, el juez lo hizo tomar preso y sacado por Investigaciones desde su propio establecimiento. ¡Digno de Ripley! Llegada la autorización, el alumno que estaba 11 en la lista de espera quedó en primer lugar, pasando a llevar al resto. ¡Eso es juticia mierda! Algo parecido al fallo de la Corte Suprema que tiene a las ISAPRES al borde de la quiebra y a millones de chilenos pasando al sistema de público que no da abasto y las listas de esperas crecen en forma casi exponencial. ¿Hay motivo o no para salirse de las casillas?

         La Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de amparo presentado en favor de los residentes del “geriatro” de Colina 1, por un cambio en los horarios de visitas establecido por Gendarmería que alteraba la situación jurídica preexistente y en desmedro de la dignidad de las personas recluidas, a lo que dicha institución ha hecho caso omiso del fallo judicial. Y el ministro de justicia, otro que se sacó la máscara, y de quien depende ese servicio, no dice ni pío.

      El izquierdista Daniel Matamala respecto al rechazo de la Justicia Militar expresó “Buscan dictar amnistías para que crímenes ya juzgados contra civiles queden en la impunidad. Intimidan a fiscales para impedirles hacer su trabajo. Diseñan una justicia ad-hoc, a la carta, para uniformados. (...) Hay que recordarle a este ideologizado periodista que las leyes se cumplen solo a partir desde el momento en que son publicadas en el Diario Oficial y conforme a la fecha de vigencia allí establecida, pero en ningún caso en forma retroactiva. Pero claro, como la justicia no es igual para todos, con la excepción ilegal y fraudulenta que han tenido los corruptos jueces instructores y ministros de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema para aplicar una norma por eventuales delitos y ya prescritos, cometidos 40 ó más años antes que la propia Corte Penal Internacional lo estableciera.                De esta manera han enviando a morir a los penales hasta la fecha a 182 camaradas de arma, en un velada forma de establecer la pena de muerte y hoy existen más de 180 recluidos a lo largo del pais que superan los sesenta años de edad. Siguiendo con el "Matamalo": ¿Intimidar a fiscales para impedir que hagan su trabajo? Toribio, le sugiere que pregunte al fiscal Elgueta como salvó su vida de una emboscada en la macrozona sur y que dejó heridos a varios policías que le acompañaban, ataque perpetrado exactamente como lo establece el manual guerrillero difundido por Llaitul, como parte de su entrenamiento en las FARC. O bien, que indasgue a su colega del canal 7, que no obstante, estar autorizado para ingresar al Wallmapu, territorio que tanto los terroristas como el presidente Boric han llamado “de recuperación,” igualmente fue emboscado, resultando gravemente herido un camarógrafo.

        Pero, suma y sigue. Leí en el decano de Santiago que una serie de connotados políticos, algunos ex cancilleres y ministros de estado, en su mayoría DC, que en una carta argumentan que el artículo de la justicia militar previsto incluir en la RUF les hacía retroceder 34 años, es decir al periodo de nuestra “dictablanda”. Tirándola chueca, señalan “que implicaba que un militar imputado por un delito común contra un civil no iba a ser juzgado por un tribunal civil sino por un fuero militar” y dele con la cantinela que es inquisitivo, injusto y cuantos demonios tiene. No es cualquier delito común señores ilustrados, y como abogados no pueden desconocer lo establecido en Art. 208 del CJM (1944, gobernaba el radical Juan Antonio Ríos) se refiere cuando los militares cumplan tareas de orden público, lo que requiere un estado de excepción constitucional o una ley específica. A mayor abundancia, señores abogados, este ciudadano de a pie, les recuerda que el Art. 10. N° 10 del Código Penal (1874, presidente Errázuriz) referente a quienes estarán exento de responsabilidad, apunta: El que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo. Las fechas hablan por sí solas, ilustrísimos "señores políticos" como los llamaba el Tata.

       La “guinda de la torta”: El fiscal Sergio Morales del Ministerio Público, solicitó 15 años de cárcel para una persona que sorprendió a un individuo robando en su domicilio. El delincuente había ingresado a su casa en la madrugada, en Villa Alemana y se habría abalanzado sobre él con la intención de agredirlo, ante lo cual hizo uso de su arma de fuego dándole muerte. A juicio de este criterioso funcionario público no se habían dado “los presupuestos de legítima defensa”…. “un caso que no son típicos de homicidio y por cierto que generan cierta incomodidad cuando decimos que una víctima ingresa a robar a un domicilio”  ¡Para no creerlo! Con este criterio cuando Ud. sea víctima de un robo debe preguntarle al delincuente que intenciones tiene y si anda armado. Nótese que la condena para Celestino Córdoba, el delincuente autor del crimen donde quemaron vivos al matrimonio Luchsinger-Mackay fue de 18 años. Felizmante, gracias a la reacción que provocó en las redes sociales el tremendo descriterio del fiscal, los jueces seguramente se vieron obligados y no acogieron su petición.

       Todo parece indicar que el cáncer que invade al poder judicial tiene el abierto propósito, al igual que los políticos de la izquierda ultra, de llevar a cabo una agenda pro-delictual avalada por el impedimento para que los ciudadanos honestos puedan adquirir armas ─como parte de la Agenda 20-30 de la ONU, suscrita por Bachelet, la rodriguista comandante Claudia─ en vista de la caótica crisis de seguridad que afrenta el país y la incapacidad del gobierno para hacerle frente. Diversas autoridades de este gobierno y del anterior, han mentido descaradamente en los porcentajes que se atribuyen a las armas legalmente inscritas empleadas en los diversos delitos. Las cifras van desde un 90% a un 27%, en circunstancias que las cifras oficiales de las armas decomisadas como lo ha publicado la Asociación Chilena del Rifle son un 3,43%. No es aventurado pensar entonces, que con una población civil desarmada, fuerzas armadas y policías vilipendiadas, el PC y los frenteamplistas que están a la izquierda del anterior, como en Venezuela, Cuba y Nicaragua, aliados con los delincuentes ─como en octubre de 2019─ y el crimen organizado, lleven a cabo su propósito de establecer la dictadura marxista.

               Y esta modesta  pluma se pregunta ¿hasta cuando cresta (sorry) vamos a soportar? Creo que va siendo hora como hace algunos años, que los comandantes en jefe aprovechen la reducción de las 40 horas y se junten a tomar un cafecito, pero que todo Chile se manifieste publicamente en su apoyo.                    

                     

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)

234. DESAZON, INDIGNACION E IMPOTENCIA

 

¿Qué viene ahora?

            No creo que muchos hayan extrañado las columnas de Toribio, pero, para los pacientes que lo sigan, “las papas no estaban buenas para el caldo”. La pérdida inesperada de un camarada de armas unido por una profunda amistad por cerca de 70 años, es como la pérdida de un familiar y derriba hasta los robles más fuertes, que no creo serlo; y si a eso le sumamos el horroroso crimen de tres carabineros en Los Álamos, en la macrozona sur, supera todas las expectativas.

           Emboscados mientras iban a cumplir con su deber, fueron ejecutados vilmente, con disparos en la cara y en el cuerpo, sin oportunidad de defenderse, desarmados los asesinaron despiadadamente y para colmo, luego los quemaron. Este alevoso e ignominioso crimen, es tan horrendo como el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay a quienes quemaron vivos, cuando el diputado Boric cuestionó al fiscal y habló de montaje; el intento similar contra el dueño del molino Grollmus en Contauco; el ataque al fiscal Elgueta y a un equipo de TVN. Como era de esperar todo Chile se ha levantado gritando basta, solidarizando con Carabineros, que durante el actual gobierno ya ha acumulado 17 mártires, desde el 5 de mayo de 2022 hasta la fecha. Y los chilenos nos preguntamos ¿cuántos más serán necesario para erradicar definitivamente este terrible flagelo? Durante los dos gobiernos de Piñera fueron destituidos varios ministros del Interior y no precisamente por combatir el terrorismo, que poco o nada hicieron, todo lo contrario, son cómplices del estado a que hemos llegado, y ahora lloran por los diarios: “hoy es el momento de definirse frente a la delincuencia y al terrorismo y eso se logra mediante señales claras de apoyo a las instituciones”, que tampoco hicieron. Pero hoy día, como si lloviera, los encargados de la seguridad ni se inmutan.

            A Boric, a la Tohá, a la tropa de incompetentes que les acompañan, como asimismo a parlamentarios que transversalmente claman medidas y las penas del infierno, Toribio no les cree ni lo que ellos rezan, si es que alguna vez lo hicieron. El sujeto que dice gobernarnos, por años se dedicó a denostar y a degradar a Carabineros a través de diversos medios y en el propio Congreso cuando era diputado. Llamaba a refundarlo; que su actuación era criminal; apelaba a la derogación del control de identidad; a rechazar su presupuesto mientras no se removiera a su Director General; a una reforma estructural para terminar con esta barbarie; es la institución entera que hay que intervenir por su brutal intervención; Carabineros ha asesinado y violado los derechos humanos; Carabineros no puede seguir matando, y un largo etc., etc. avalados por innumerables audios y videos que son indesmentibles.

            Súmese a lo anterior el proceder de actuales ministras de estado y exfuncionarias que vestían las poleras “Perro mata pacos”, mientras el grupo “Las Tesis” vilipendiando la imagen de la mujer chilena gritaban al unísono “Putas, maracas, pero nunca pacas, “paco bueno paco muerto”, o entonaban la canción Un violador en tu camino, acompañado con bailes, posturas y demostraciones agraviantes y groseras,  nada menos que frente al Templo Votivo de Maipú, entre las cuales estaba la actual alcaldesa de Santiago y otras figuras del actual régimen.

            Como los chilenos somos de memoria corta en su gran mayoría, recordemos como los actuales gobernantes mientras estaban en el Congreso se opusieron a todas las leyes de seguridad, como la ley del gatillo fácil, llamada  así por la ministro Tohá y otras que tendían a proteger a Carabineros. Para que decir del homenaje que hicieron en el edificio del Congreso en Santiago, de pie y recibidos con vítores como héroes a los delincuentes que saquearon la capital, quemaron tres iglesias y 28 estaciones del Metro; trapearon, quemaron y ultrajaron la bandera de Chile; hirieron a cientos de policías, entre ellas mujeres que fueron víctimas de bombas molotov. Entonces escuchar a la diputada Cariola, como a tantos otros expresar sus condolencias a los familiares de los tres carabineros, es reírse en sus caras, con un cinismo jamás visto; porque en su fuero interno estaba el refrán “Paco bueno paco muerto,” añorando su polera del “Perro Mata Paco”. Este infame crimen es una abierta declaración de guerra, a la que ha llamado Llaitul en variadas oportunidades, y sin duda es una respuesta a la condena recientemente que le fuera impuesta por los tribunales. Es de esperar que no reciba el mismo trato de Celestino Córdoba, el asesino del matrimonio Luchsinger-Mackay, que prácticamente hoy goza de libertad y no está en la cárcel donde debería purgar su macabro crimen. Este crimen debe marcar una inflexión en el trato al terrorismo existente en la macrozona sur, producto de las debilidades de los gobiernos anteriores y en especial del actual, encabezado por el propio presidente, quien llamaba a desmilitarizar el wallmapu desde Temucuicui y hacía referencia al territorio recuperado por los mapuches, convirtiéndose en cómplice del actual crimen. Pero esta complicidad en mayor o menor grado nos afecta a todos los chilenos, sin exclusión, por el silencio y la omisión en protestar públicamente con valor y decisión la defensa de una de las instituciones fundamentales de la república.

            

       No es difícil en consecuencia determinar cómo llegamos a esto, pero los sucesivos gobiernos han hecho oídos sordos. La participación de mapuches con entrenamientos en las FARC es evidente y no una simple presunción. Radio Bío Bío y otros medios han publicado los correos intercambiados entre dirigentes del Partido Comunista y las FARC. Dicha información fue obtenida por el ejército colombiano cuando bombardeó en Ecuador un campamento guerrillero de las FARC, próximo a su frontera, dando muerte a su líder Raúl Reyes, de cuyo computador se obtuvieron cerca de trecientos correos intercambiados en Reyes y un chileno miembro del PC, Manuel Olate. En estos correos queda absolutamente clara la injerencia de dirigentes del PC, como Gladis Marín, Raúl Tellier, el actual presidente del partido, Lautaro Carmona y Sergio Sepúlveda, de sus nexos con dicha guerrilla. Hay evidencia del envío de jóvenes en grupos no mayor de seis o diez individuos para su preparación. De hecho hay fotografías de Llaitul que lo comprueban y aún más, el ofrecimiento hecho por el MIR de obsequiar a la guerrilla colombiana 8 toneladas de Fusiles M16, que están fondeados en una caleta del norte de Chile, ─que sería el tercer embarque que jamás ha sido recuperado─ . Sin embargo, cuando el gobierno de Colombia pidió la extradición de Manuel Olate, el juez Sergio Muñoz la negó por considerar que las pruebas aportadas no eran válidas

            Ante tal tragedia que no solo enluta a Carabineros de Chile ─sino a todos quienes anhelamos la paz, seguridad y tranquilidad─ las expresiones de solidaridad han sido espontáneas y variadas, en especial las que han provenido de los sectores populares; pero junto a ellos, los vendedores de culebras señalando múltiples soluciones. Desde la renuncia del actual gobierno, llamar a nuevas elecciones, estado de sitio, pena de muerte, aumento de carabineros, modificación a las RUF, etc., etc. No pretendo referirme a cada una de ellas, pero la más socorrida es el Estado de Sitio, no obstante, que muchos que lo han pedido lo desconocen en absoluto y solo repiten como papagayos. Destacados excomandantes en jefes y otros entendidos en la materia, ya han señalado que no se saca absolutamente nada con dicho Estado Excepcional si a las FF.AA y policías no se les entregan las atribuciones correspondientes y con normas absolutamente claras que protejan a quienes son responsables de imponer la ley. Las policías y los militares han sido neutralizados por miembros del poder judicial que interpretan las leyes a su pinta, ya sea por ideología, por falta de valor, aspiraciones profesionales o lisa y llanamente comprometidos con el crimen organizado. No se necesitan nuevas leyes. El artículo 208 del C.J.M. señala expresamente: Será causal eximente de responsabilidad para los militares, el hacer uso de armas cuando no exista otro medio racional de cumplir la consigna recibida. Serán, asimismo, causales eximentes de responsabilidad penal para el personal de las Fuerzas Armadas que cumplan funciones de guardadores del orden y seguridad públicos, las establecidas en los artículos 410, 411 y 412 de este Código, que se refieren específicamente a Carabineros; ratificado a mayor abundancia por el art.10 N°10 del Código Penal.

            Si bien, las RUF en su primera etapa en el Congreso habían sorteado con éxito la indicación que devuelve a la justicia militar los casos en que funcionarios de FF.AA. o FF.OO cometan eventuales delitos, mientras cumplan funciones de orden público bajo un estado de excepción; no obstante, la ortodoxia de los promotores de la violencia, el PC, Frente Amplio y socialistas que gustan vestirse de democráticos, ya han anunciado recurrir al Tribunal Constitucional, donde hay jueces de mayoría, con las características antes indicadas. De hecho las RUF fueron aprobadas por unanimidad, pero dejaron fuera la indicación de la justicia militar por ser considerada inadmisible por 72 votos contra 71, contando con la abstención del que se vendió como judas, Gaspar Rivas, de quien espero que tenga el mismo final del apóstol.

            Toribio, sin embargo, señala que debemos agradecer al diputado PS Raúl Leiva haber cuestionado a la Justicia Militar en estados de excepción; al señalar ella “aplica el procedimiento inquisitivo, antiguo, secreto, en donde la misma persona instruye el procedimiento, una misma persona determina diligencias de esa causa, controla su legalidad y además sentencia”. La calificó de retrógrada, que el Poder Judicial entrega plenas garantías, que en un estado de derecho no corresponde y se debe confiar en dicho poder que hará su trabajo. Precisamente, todas las deficiencias que él atribuye a la Justicia Militar ─lo que no es exactamente─ sí imperan en su totalidad en el sistema aplicado solo al personal de las fuerzas armadas en retiro, faltando al estado de Derecho y a las bondades que según su criterio dispensa el poder judicial, demostrando que en Chile la justicia no es igual para todos.

            Lo que se requiere refundar en Chile, es justamente el Poder Judicial y el Congreso Nacional.

Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)