Un mes de febrero infame
La
tragedia de Tomasito ha sobrecogido a todos los chilenos desde su desaparición y
búsqueda que perduró durante nueve días tormentosos a pesar de todos los medios
dispuestos por la autoridad, voluntarios y vecinos jamás
antes empleados en magnitud. No podría ser de otra manera, pues su alevoso
crimen -final jamás esperado- sacudió hasta la última fibra de nuestros
corazones. Por ello, no extraña -aunque no tenga justificación- la violenta reacción
contra los recintos de la policía de investigaciones y a carabineros que trataban
de apaciguar los ánimos incendiados de personas que buscaban justicia por sus
propias manos, lo que comprueba la percepción de la ciudadanía con
respecto al papel desempeñado por la justicia en las últimas décadas.
Los medios de comunicación no podrían haberse marginado de tan horrenda desventura y han copado todos los espacios informativos, porque lastimosamente esas noticias venden y creo que la ocasión los ameritaba.
Ojalá sí, que otras noticias tengan el mismo tratamiento aun no siendo similares, pero que dan cuenta como se desangra nuestra nación víctima de la
acción impune de las hordas violentistas amparadas e impulsadas por la izquierda
radical con el beneplácito de sus parlamentarios que guardan ominoso silencio,
en especial con los graves acontecimientos de la macrozona sur, martirizada por
el terrorismo, la narco delincuencia y la guerrilla rural que lejos de parecer
cercano su fin, se agrava intolerablemente producto de la negligencia de un gobierno
que ha desprovisto del Estado de Derecho a sus habitantes, y escabulle sus
atribuciones en fanfarrias noticiosas de reuniones, con las que pretende esquivar
sus obligaciones haciendo partícipe de ella a otros poderes
del Estado, que el día de mañana igualmente serán juzgados por la historia,
aunque en forma tardía, cuando ya no puedan asumir sus responsabilidades que si
afectarán a las nuevas generaciones y a las futuras.
El
señor Piñera ha buscado la forma de eludir su juramento al asumir el mando de
la nación y no citar al Consejo de Seguridad Nacional. En dos reuniones con parte de los miembros que integran
el COSENA y sin convocar a dicho consejo pretendió maquillar su preocupación
por el orden público y la seguridad nacional, sabiendo que por parte de las
últimas autoridades citadas dada su orientación política, como la del presidente
del Senado y la innegable y poco disimulada del Contralor General de la República;
del Fiscal Nacional y del presidente del Consejo de Defensa del Estado que no
forman parte del COSENA, encontraría eco en sus debilidades.
Llama
sí, poderosamente la atención que en ambas no haya invitado a participar a los
comandantes en jefe de la Armada y de la Fuerza Aérea. ¿Pretende crear una cuña
en el seno de las Fuerzas Armadas? ¿Confía más en una que en las otras? ¡Cuidado
señor Piñera, no querrá recrear el ambiente de 1891! Me extraña y lamento que
el ministro de Defensa Nacional no haya intervenido al respecto, arriesgando su
capital político logrado a través de tantos años. No obstante, que, por el carácter
de estos cosméticos de aproximación al COSENA, lo haya expresado y al no existir
un acta de carácter público, sea desconocido, como asimismo la opinión de los diversos
participantes. El señor Piñera ha dado muestra de ser un submarinista de
experiencia.
La
señora presidente del Senado, la misma que hace poco no le importó pasar por
encima de la constitución, descartó abiertamente aprobar el Estado de Sitio, aunque el mandatario si hubiese estado dispuesto igual podría solicitarlo, aun
conociendo que no contará con los votos necesarios, dejando así la
responsabilidad al poder legislativo, pero carece del valor suficiente. Sin
perjuicio de lo anterior, en mi carácter de lego me aventuro a esgrimir que de
acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional que rige los estados de excepción
constitucional, el artículo 8 incluye el siguiente inciso: Sin embargo, si el presidente
de la República aplicare el estado de sitio con el sólo acuerdo del Consejo de
Seguridad Nacional, dicho estado comenzará a regir a contar de la fecha del
acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Diario Oficial dentro de tercero
día. Quizás lo anterior habría sido una de
las razones para no convocar al COSENA. Le dejo a los ilustrados su discusión,
solo es la opinión de un ciudadano de a pie.
Pese
a todo, si existiese la voluntad del gobierno para poner término a la falta del
Estado de Derecho en la zona antes mencionada, podría decretar el Estado de
Emergencia que no requiere la autorización del Congreso -salvo para sus prórrogas-
delegando todas las atribuciones en los jefes de la Defensa Nacional; pero sin
cortapisas como las reglas de uso de la fuerza, ya que no se trata de grave
alteración del orden público sino de grave daño a la seguridad de la nación,
lo que en ningún caso signifique pasar por alto los derechos humanos, sino
hacer uso de los medios que la constitución les provee.
Su
negativa y la posición adoptada por el presidente del Senado, haciendo causa
común con la izquierda parlamentaria y dirigentes políticos que se solazan con
el caos, redundará desgraciadamente con un escalamiento de las tomas de predios
y variados actos de terrorismo, que alcanzarán su máxima expresión en el próximo
mes de marzo y se extenderá hasta las próximas elecciones con claros fines de
intimidar a los electores y consumar sus objetivos en una falsa lucha de la
causa mapuche.
En un plano de objetividad debo reconocer que, no obstante, hay voces independientes que se han manifestado en contra de la intervención militar con argumentos que validan su negativa.
Es cierto que en la macrozona sur existe un problema
social, político y económico que perdura desde hace décadas y que los diversos
gobiernos han hecho grandes esfuerzos para su corrección en sus más variadas
formas: La asignación de tierras adquiridas por el Estado, las leyes indígenas,
la CONADI, entrega de títulos de propiedad, créditos especiales, apoyos técnicos a través de
INDAP, etc., etc., que han significado miles de miles de millones de pesos que
hemos financiados todos los chilenos, y sin duda, aún se requiere un mayor esfuerzo dada
que es una de las zonas de más extrema pobreza en Chile, y de hecho, hoy día ya cuentan
con cupos reservados en el Congreso.
Bajo
mi particular percepción, una cosa es la causa mapuche antes aludida, que es función
del Estado a través de las respectivas leyes que se aprueben para tal efecto,
lo que obviamente, requiere tiempo y amplia discusión; otra es el Orden Público
y Seguridad Pública Interior que es tarea asignada a Carabineros de
Chile y a Investigaciones por la C.P.E.: existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden
público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus
respectivas leyes orgánicas;
y
una muy distinta es el terrorismo y la guerrilla rural asociados con el
narcotráfico, cuyos líderes han pretendido coligar en pro de la causa mapuche
-lo que ha sido denunciado y negado públicamente por chilenos pertenecientes a
dicha etnia- que incluso se han permitido desafiar abiertamente al Estado chileno
esgrimiendo que están perfectamente equipados y preparados para tal objeto.
¿No es esto una abierta declaración de guerra? ¿Forma parte del orden y seguridad pública el terrorismo y la guerrilla? cuando las anteriores funciones ni siquiera están definidas en la respectiva ley orgánica constitucional, dando lugar a múltiples y variadas interpretaciones. ¿Carabineros estará en condiciones de hacer frente a este escenario? Me temo que no. ¡El problema es de ahora ya! Bienvenidos los acuerdos, pero es lo que esperan los promotores de la subversión para sumar tiempo a la desestabilización y la consolidación de sus objetivos, que no es otro que crear el caos y el terror. Traerá dolores, no hay duda y serán muchos, porque habrá que ir con todos los medios que la constitución y las leyes les otorgan, pero nos dará tiempo para concordar la causa mapuche en paz, orden y tranquilidad. Pero esta acción no puede ser unilateral, requiere indefectiblemente la participación de jueces y fiscales, como lo han señalado diversos autores.
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
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