Preámbulo
Si bien es cierto, que la conducta observada por el actual
mandatario no se aleja mucho de la adoptada por quienes le precedieron, en
ningún caso lo exime de su responsabilidad de seguir heredando este problema, cuando
la violencia y el terrorismo han alcanzado niveles nunca antes visto, ni
siquiera durante el nefasto régimen de Salvador Allende. Su incapacidad para mantener
el Estado de Derecho como lo prometiera durante su campaña presidencial, ha
permitido el recrudecimiento del terrorismo que no solo ha ocasionado graves
daños a la economía local -una de las regiones más pobres de Chile- sino que,
en la Macrozona del Sur derechos fundamentales establecidos en nuestra
constitución están siendo vulnerados ante la incomprensible renuencia del
mandatario a ejercer las atribuciones que le otorgan las leyes. La población está
siendo víctima del atropello a la libertad de culto y de educación, a transitar
y movilizarse libremente por el territorio; el derecho de propiedad es violado
permanentemente, mediante incendios, destrucción de viviendas, ocupaciones y tomas ilegales, sabotajes,
quema de camiones, de maquinarias agrícolas, robo de ganado, etc., etc., algunos
con funestos resultados como el sufrido por el matrimonio Luchsinger-Mackay en
el año 2013, quemado vivo en su domicilio; el conductor Juan Barrios, muerto a consecuencia
de las quemaduras sufridas por el ataque
incendiario a su vehículo; a lo que se suma el criminal atentado a una familia
obligada a bajar del camión en que viajaban, culminado con la menor de 9 años,
Monserrat, que recibió un disparo
calibre 22 mm. por la espalda. De estos atentados ni siquiera han escapado otras
comunidades mapuches que solo anhelan trabajar y vivir en paz. Corona este dantesco
escenario el abierto atropello a la Constitución por pseudos dirigentes que dicen representar a
la etnia Mapuche, quienes con una osadía, arrogancia y prepotencia indignante, han
amenazado al gobierno constitucional, ufanándose de su organización, capacidad
y equipamiento hasta ahora ya evidenciado, perpetrando emboscadas y agresiones
a fiscales y a la propia policía uniformada, los que han sido víctimas de
asaltos con uso de todo tipo de armas letales, incluyendo armas de fuego de
largo alcance.
Escuchar el relato de la señora Roxana Carrut, agricultora
de la zona que ha tomado la dura decisión de una huelga de hambre efectiva -no
como la dudosa del doble asesino Celestino Córdova- dispuesta hasta morir por
la nula reacción del Estado a través de sus diversas autoridades. Su predio que
no forma parte de los terrenos reclamados por los mapuches ha sido tomado en
reiteradas oportunidades, incluso resguardada con punto fijo de Carabineros,
pero que impedidos de actuar ante delito flagrante tienen que esperar órdenes
superiores. Algunos de sus ex trabajadores perfectamente individualizados integran
esta banda de criminales que la han amenazado de muerte, persiguen a sus hijos
que han abandonado el colegio y la universidad; le han robado sus animales; sus
perros fueron envenenados y su gato degollado y colgado en una alambrada a la
vista; el acceso a su predio está sembrado de miguelitos para impedir el ingreso.
Denunció que los usurpadores están trabajando su tierra, con abonos y semillas
que el Estado les proporciona gratis; el alcalde la zona que se identifica con
la misma etnia, le ha construido un camino ripiado con fondos municipales. El
intendente Manoli se había negado a recibirla y tuvo que esperarlo antes que éste
llegara a su oficina para hacerle entrega de la carta de respuesta que le diera
a una suya el presidente Piñera, pero el intendente le expresó que lo sentía
pero que no podía hacer nada más y que el mandatario ya conocía su situación; de
los fiscales y seremis con los cuales ha hablado obtuvo las mismas respuestas. Para
colmo de sus males, como no ha podido trabajar su predio y al no haber pagado
las contribuciones la propiedad será sacada a remate.
Este dramático relato, no es solo su situación, sino que ha
sido la única valiente que ha dado la cara -mujer tenía que ser- existiendo
cientos de casos similares en que los propietarios han preferido abandonar sus
campos antes de ser quemados vivos o muertos por los narcoterroristas.
Algunos aspectos legales.
En primer lugar,
debemos precisar que no existe una definición general de terrorismo a nivel del
Derecho Internacional, incluso la propia Convención Interamericana Contra el
Terrorismo tampoco lo define directamente, sino que se refiere a diversos tipos
de actividades calificadas como terroristas, incluyendo entre otras, al
apoderamiento ilícito de aeronaves y el financiamiento del terrorismo.
La Real Academia Española de la lengua
lo define como:
Dominación del terror; sucesión de actos de violencia
ejecutados para infundir terror; y actuación criminal de bandas organizadas,
que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear
alarma social con fines políticos.
Nuestra legislación tampoco la define, sino que han sido
precisadas como tales ciertas conductas en una ley promulgada bajo el gobierno
militar en 1984 (Ley 18314), que a lo largo de estos años ha sufrido numerosas
modificaciones, incluyendo una norma que establece su no aplicación a las
conductas ejecutadas por menores de 18 años. Obviamente, conocido el
ideologismo de ciertas entidades internacionales su uso ha sido cuestionado por
relatores especiales de derechos indígenas y órganos de las Naciones Unidas.
Desde
el término del Gobierno Militar se dio inicio a un proceso destinado a lograr
la propiedad de tierras ancestrales y otras que no lo son; obtener la autonomía jurisdiccional,
libertad económico-productiva y el reconocimiento de la identidad cultural del
pueblo mapuche. Es decir, un Estado dentro de otro Estado. Surgieron así organizaciones
y movimientos como la Coordinadora Arauco Malleco, CAM; el Consejo de Todas las
Tierras; la Coordinadora Territorial Lafkenche; el Movimiento Mapuche
Temucuicui y otras entidades de corte político que mediante la acción violenta
y destructiva han pretendido alcanzar sus objetivos con apoyo del partido
comunista, narcotraficantes, financiamiento externo y con participación de
extranjeros, incluso con adiestramiento en las FARC, en Colombia, cuyos
testimonios fueron hechos llegar bajo el primer gobierno del Sebastián Piñera,
cuyo destino se desconoce después de una largo peregrinar carente de
investigación ….. durmiendo quizás en la oficina de la Agencia Nacional de
Inteligencia. (ANI).
Sin perjuicio de lo anterior, todos los
actos de violencia ya señalados, claramente están identificados como conductas
terroristas de acuerdo al Código Penal. (C.P) pero a la fecha estos crímenes
están quedando impunes por la incapacidad de los fiscales para investigar.
Desde hace bastantes años duerme en el Congreso un proyecto de ley para modificar la norma vigente con el objeto de
hacerla más eficiente y oportuna, pero ha encontrado en la izquierda una
marcada oposición. Uno de los detractores de la llamada Ley Corta aprobada en
el senado en su primer trámite, que permitiría incluir técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista, ha sido el senador Huenchumilla: "no es adecuado legislar una ley corta para aplicarla a una
ley enferma y no estoy para darle un cheque en blanco a una ley que se ha
aplicado mal y que votará en contra porque vamos a quedar en el peor de los
escenarios…. y con esta guinda de la torta de poner informantes". Dado el predominio de la oposición en ambas cámaras, cuyo
principal objetivo es torpedear todas las iniciativas del gobierno, se hace cómplice
activo de esta gravísima situación cuyo resultado es incierto.
El germen del terrorismo.
Todo
comenzó con la derogación del artículo 8 de la CPE de 1980, realizado por la
Junta de Gobierno, a fines de 1989: Todo acto de
persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia,
propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden
jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y
contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y
los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de
sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.
Mirado
en perspectiva, hoy, a todas luces dicha derogación fue desafortunada. Pero
formó parte de las conversaciones entre las autoridades del gobierno y la
oposición, como una señal de armonía y paz para la autoridad que debía asumir producto
del plebiscito de 1988. ¿A cambio de
qué? Lo suponemos, pues no existe ningún documento escrito que lo avale. Todo
debe haber sido “trato de caballeros,”
de palabra, que en política no tiene ninguna validez y de hecho en la
actualidad hemos comprobado que el escrito tampoco se respeta.
De
haberse mantenido vigente tal articulado, no estaríamos lamentando la situación
que convulsiona a la Araucanía. Pasó exactamente los mismo con el Estatuto de
Garantías de Salvador Allende. Una
maniobra táctica, para alcanzar el propósito final, como él mismo confesara
al periodista Regis Debray.
Errores
que no pueden volver a repetirse llegado el momento….
El
segundo ingrediente fue la disolución de la Central Nacional de Informaciones,
CNI, con lo que se perdieron todas las fuentes de investigación y la red de
agentes encargados de recopilar información para la seguridad nacional, a lo
que siguió la desarticulación de los servicios de inteligencia de las fuerzas
armadas, para dar paso a la sucesión de entidades de inteligencia. Iniciada en
el gobierno de Aylwin, producto del rebrote revolucionario y del asesinato del
senador Jaime Guzmán se creó el Consejo
Coordinador de Seguridad Pública, dos años más tarde reemplazado por la
Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), con un Comité
Consultivo de Inteligencia, “La Oficina”, cuyo primer secretario ejecutivo fue
el actual diputado Marcelo Schilling, exiliado en México y ex GAP del
presidente Allende; y la última creada bajo la democracia en el año 2004: la Agencia Nacional de Inteligencia,
ANI, que, durante estos 16 años parece que no existiese pues no se ha conocido
resultado positivo, especialmente en la zona afectada por el terrorismo.
Los hechos y el mandatario.
Creo
inoficioso extenderme en este ámbito pues lo enunciado en el preámbulo basta
por sí solo, sino referirme en particular al comportamiento evolutivo e impresentable
del presidente Piñera:
·
Enero 2012, en su primer mandato a raíz de los incendios
desatados en el país, afirmó que los
incendios en las regiones de Bío Bío y La Araucanía fueron intencionados. "Nunca vamos a permitir que los
violentistas tengan la última palabra…los incendios intencionales son delitos
terroristas"…
·
Enero, 4, 2013. Producto
del macabro atentado contra la propiedad del matrimonio Luchsinger-Mackay, fueron formalizados 11 personas, pero la ineficiente
o temerosa fiscalía, guiada por un Fiscal Nacional repudiado ampliamente por la
opinión pública, logró acreditar únicamente la participación de Celestino Córdova.
El presidente Piñera una vez conocido el fallo expresó: "se
hizo justicia y que un acto brutal, en que, en forma despiadada, planificada,
un grupo de personas quemó vivos a dos ancianos no podía quedar impune." El criminal condenado a 18 años cárcel, producto de una dudosa huelga de
hambre utilizada como medida de presión puso al gobierno de rodillas,
obteniendo concesiones que no les correspondían por la magnitud del delito cometido
y el poco tiempo que llevaba en el cumplimiento de la pena. ¿Dónde quedaron sus
anteriores declaraciones?
·
Julio, 2016, como
eventual precandidato declaró en Temuco: "El terrorismo
en la Araucanía no se puede tolerar…Frente a la violencia no puede haber
ninguna ambigüedad…".
·
Enero, 9, 2018: "Nunca vamos a permitir
que los violentistas tengan la última palabra, No
podemos tolerar que una minoría pretenda con actos absolutamente criminales…". Repitió exactamente lo que
dijo en su primer gobierno…..Increíble.
· Marzo, 6, 2018 a pocos días de asumir su
segundo mandato en una entrevista concedida a Univisión, hizo reconocimiento
explícito del terrorismo existente en la Araucanía. "Una cosa distinta es tolerar el
terrorismo. Patricia, hay terrorismo en La Araucanía, ¿qué cree usted de
personas que quemaron vivo a un matrimonio de ancianos como fue el matrimonio
Luchsinger Mackay, que queman las iglesias con niños y mujeres adentro…,
simplemente para causar terror en la región? Eso es terrorismo".
·
Noviembre,
2018. A raíz de un asalto y robo de auto
a cuatro profesoras de la comuna Ercilla, se originó un procedimiento policial
de Carabineros que seguían a los presuntos autores, que desgraciadamente
terminó con la muerte del comunero Camilo Catrillanca el día 14, siendo
procesados los participantes de dicho operativo, causa que se encuentra en
desarrollo. Pero del atentado sufrido por las profesoras nunca más se supo.
·
Julio, 31, 2020.
Durante la última cuenta pública precisó que "su
gobierno ratifica su compromiso con la Región de La Araucanía … reafirma su
férreo compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con el combate, con
todos los instrumentos que nos otorga la ley, contra la violencia y el
terrorismo que desgraciadamente causa estragos en la Región de La Araucanía, y
que tanto daño ha causado, no sólo a las víctimas directas, sino que a todos
los habitantes de esa región y a todo nuestro país"
·
Agosto, 23,
2020: Ante el reciente ataque a la
familia de un camionero, afirmó: “Pero el
ejemplo de esa niña nos va a ayudar a mantener la fuerza y la voluntad para
encontrar, juzgar y castigar a los terroristas que no trepidan ante nada ni
ante nadie y son capaces de herir a una niña de nueve años. Eso es algo que no
vamos a tolerar y vamos a perseguir con toda la fuerza de la Ley y del Estado de
Derecho".
Palabras, solo palabras, que nos han
encaminado a la situación más crítica después del año 1973, con un horizonte
muy difícil de precisar. Las querellas contra los que
resulten responsables, el extremo rigor de la ley, caen en el vacío más
absoluto; la aplicación de ley de seguridad interior y la ley contra el
terrorismo han sido frases fatuas; por otra parte, los estados de excepción
declarados no parecen inquietar a nadie, pues se siguen vulnerando y cometiendo
todo tipo de atentados. Con las policías y los miembros de las fuerzas armadas,
limitados en su accionar por la más absurda Regla de Uso de la Fuerza.Todo es
una chacota, fiesta a la que se suman jueces ideologizados o temerosos de
aplicar la ley por razones obvias; fiscales incapaces de aportar pruebas ya sea
por negligencia, falta de preparación o el mismo temor antes indicado; el INDH
presto para devorar a las eventuales presas, todo ello avalado por el más ineficiente sistema de
inteligencia con que ha contado el país. Parafraseando a una escritora
norteamericana, el gobierno -el presidente- es víctima de la monarquía
del miedo. Los políticos nos han retrocedido a los años
previos a nuestra independencia, en que durante 300 años nos regíamos por las
políticas dictadas por el Consejo Real de Indias, hoy día Organización de las
Naciones Unidas, que coarta nuestra soberanía y atropella nuestra idiosincrasia,
en aras de un globalismo o nuevo orden mundial, constituyendo nuestro país el
conejillo de indias. Dios bendiga y proteja a las nuevas generaciones.
Fernando Hormazábal Díaz
General de
Brigada (R)
