11. PÉRDIDA DEL ESTADO DE DERECHO. El gobierno y el terrorismo

 

Preámbulo 

          Si bien es cierto, que la conducta observada por el actual mandatario no se aleja mucho de la adoptada por quienes le precedieron, en ningún caso lo exime de su responsabilidad de seguir heredando este problema, cuando la violencia y el terrorismo han alcanzado niveles nunca antes visto, ni siquiera durante el nefasto régimen de Salvador Allende. Su incapacidad para mantener el Estado de Derecho como lo prometiera durante su campaña presidencial, ha permitido el recrudecimiento del terrorismo que no solo ha ocasionado graves daños a la economía local -una de las regiones más pobres de Chile- sino que, en la Macrozona del Sur derechos fundamentales establecidos en nuestra constitución están siendo vulnerados ante la incomprensible renuencia del mandatario a ejercer las atribuciones que le otorgan las leyes. La población está siendo víctima del atropello a la libertad de culto y de educación, a transitar y movilizarse libremente por el territorio; el derecho de propiedad es violado permanentemente, mediante incendios, destrucción  de viviendas, ocupaciones y tomas ilegales, sabotajes, quema de camiones, de maquinarias agrícolas, robo de ganado, etc., etc., algunos con funestos resultados como el sufrido por el matrimonio Luchsinger-Mackay en el año 2013, quemado vivo en su domicilio; el conductor Juan Barrios, muerto a consecuencia de las quemaduras sufridas por el  ataque incendiario a su vehículo; a lo que se suma el criminal atentado a una familia obligada a bajar del camión en que viajaban, culminado con la menor de 9 años, Monserrat,  que recibió un disparo calibre 22 mm. por la espalda. De estos atentados ni siquiera han escapado otras comunidades mapuches que solo anhelan trabajar y vivir en paz. Corona este dantesco escenario el abierto atropello a la Constitución  por pseudos dirigentes que dicen representar a la etnia Mapuche, quienes con una osadía, arrogancia y prepotencia indignante, han amenazado al gobierno constitucional, ufanándose de su organización, capacidad y equipamiento hasta ahora ya evidenciado, perpetrando emboscadas y agresiones a fiscales y a la propia policía uniformada, los que han sido víctimas de asaltos con uso de todo tipo de armas letales, incluyendo armas de fuego de largo alcance.

          Escuchar el relato de la señora Roxana Carrut, agricultora de la zona que ha tomado la dura decisión de una huelga de hambre efectiva -no como la dudosa del doble asesino Celestino Córdova- dispuesta hasta morir por la nula reacción del Estado a través de sus diversas autoridades. Su predio que no forma parte de los terrenos reclamados por los mapuches ha sido tomado en reiteradas oportunidades, incluso resguardada con punto fijo de Carabineros, pero que impedidos de actuar ante delito flagrante tienen que esperar órdenes superiores. Algunos de sus ex trabajadores perfectamente individualizados integran esta banda de criminales que la han amenazado de muerte, persiguen a sus hijos que han abandonado el colegio y la universidad; le han robado sus animales; sus perros fueron envenenados y su gato degollado y colgado en una alambrada a la vista; el acceso a su predio está sembrado de miguelitos para impedir el ingreso. Denunció que los usurpadores están trabajando su tierra, con abonos y semillas que el Estado les proporciona gratis; el alcalde la zona que se identifica con la misma etnia, le ha construido un camino ripiado con fondos municipales. El intendente Manoli se había negado a recibirla y tuvo que esperarlo antes que éste llegara a su oficina para hacerle entrega de la carta de respuesta que le diera a una suya el presidente Piñera, pero el intendente le expresó que lo sentía pero que no podía hacer nada más y que el mandatario ya conocía su situación; de los fiscales y seremis con los cuales ha hablado obtuvo las mismas respuestas. Para colmo de sus males, como no ha podido trabajar su predio y al no haber pagado las contribuciones la propiedad será sacada a remate.

          Este dramático relato, no es solo su situación, sino que ha sido la única valiente que ha dado la cara -mujer tenía que ser- existiendo cientos de casos similares en que los propietarios han preferido abandonar sus campos antes de ser quemados vivos o muertos por los narcoterroristas.

 

Algunos aspectos legales.

En primer lugar, debemos precisar que no existe una definición general de terrorismo a nivel del Derecho Internacional, incluso la propia Convención Interamericana Contra el Terrorismo tampoco lo define directamente, sino que se refiere a diversos tipos de actividades calificadas como terroristas, incluyendo entre otras, al apoderamiento ilícito de aeronaves y el financiamiento del terrorismo.

          La Real Academia Española de la lengua lo define como: Dominación del terror; sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror; y actuación criminal de bandas organizadas, que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretenden crear alarma social con fines políticos.

          Nuestra legislación tampoco la define, sino que han sido precisadas como tales ciertas conductas en una ley promulgada bajo el gobierno militar en 1984 (Ley 18314), que a lo largo de estos años ha sufrido numerosas modificaciones, incluyendo una norma que establece su no aplicación a las conductas ejecutadas por menores de 18 años. Obviamente, conocido el ideologismo de ciertas entidades internacionales su uso ha sido cuestionado por relatores especiales de derechos indígenas y órganos de las Naciones Unidas.

          Desde el término del Gobierno Militar se dio inicio a un proceso destinado a lograr la propiedad de tierras ancestrales y otras que no lo son; obtener la autonomía jurisdiccional, libertad económico-productiva y el reconocimiento de la identidad cultural del pueblo mapuche. Es decir, un Estado dentro de otro Estado. Surgieron así organizaciones y movimientos como la Coordinadora Arauco Malleco, CAM; el Consejo de Todas las Tierras; la Coordinadora Territorial Lafkenche; el Movimiento Mapuche Temucuicui y otras entidades de corte político que mediante la acción violenta y destructiva han pretendido alcanzar sus objetivos con apoyo del partido comunista, narcotraficantes, financiamiento externo y con participación de extranjeros, incluso con adiestramiento en las FARC, en Colombia, cuyos testimonios fueron hechos llegar bajo el primer gobierno del Sebastián Piñera, cuyo destino se desconoce después de una largo peregrinar carente de investigación ….. durmiendo quizás en la oficina de la Agencia Nacional de Inteligencia. (ANI).

          Sin perjuicio de lo anterior, todos los actos de violencia ya señalados, claramente están identificados como conductas terroristas de acuerdo al Código Penal. (C.P) pero a la fecha estos crímenes están quedando impunes por la incapacidad de los fiscales para investigar.

          Desde hace bastantes años duerme en el Congreso un proyecto de ley para modificar la norma vigente con el objeto de hacerla más eficiente y oportuna, pero ha encontrado en la izquierda una marcada oposición. Uno de los detractores de la llamada Ley Corta aprobada en el senado en su primer trámite, que permitiría incluir técnicas investigativas especiales para los delitos de carácter terrorista, ha sido el senador Huenchumilla: "no es adecuado legislar una ley corta para aplicarla a una ley enferma y no estoy para darle un cheque en blanco a una ley que se ha aplicado mal y que votará en contra porque vamos a quedar en el peor de los escenarios…. y con esta guinda de la torta de poner informantes". Dado el predominio de la oposición en ambas cámaras, cuyo principal objetivo es torpedear todas las iniciativas del gobierno, se hace cómplice activo de esta gravísima situación cuyo resultado es incierto.

 

El germen del terrorismo.

          Todo comenzó con la derogación del artículo 8 de la CPE de 1980, realizado por la Junta de Gobierno, a fines de 1989: Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción de la sociedad del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundada en la lucha de clases, es ilícito y contrario al ordenamiento institucional de la República. Las organizaciones y los movimientos o partidos políticos que por sus fines o por la actividad de sus adherentes tiendan a esos objetivos, son inconstitucionales.

       Mirado en perspectiva, hoy, a todas luces dicha derogación fue desafortunada. Pero formó parte de las conversaciones entre las autoridades del gobierno y la oposición, como una señal de armonía y paz para la autoridad que debía asumir producto del plebiscito de 1988.  ¿A cambio de qué? Lo suponemos, pues no existe ningún documento escrito que lo avale. Todo debe haber sido “trato de caballeros,” de palabra, que en política no tiene ninguna validez y de hecho en la actualidad hemos comprobado que el escrito tampoco se respeta.

       De haberse mantenido vigente tal articulado, no estaríamos lamentando la situación que convulsiona a la Araucanía. Pasó exactamente los mismo con el Estatuto de Garantías de Salvador Allende. Una maniobra táctica, para alcanzar el propósito final, como él mismo confesara al periodista Regis Debray.

       Errores que no pueden volver a repetirse llegado el momento….  

El segundo ingrediente fue la disolución de la Central Nacional de Informaciones, CNI, con lo que se perdieron todas las fuentes de investigación y la red de agentes encargados de recopilar información para la seguridad nacional, a lo que siguió la desarticulación de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, para dar paso a la sucesión de entidades de inteligencia. Iniciada en el gobierno de Aylwin, producto del rebrote revolucionario y del asesinato del senador Jaime Guzmán  se creó el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, dos años más tarde reemplazado por la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), con un Comité Consultivo de Inteligencia, “La Oficina”, cuyo primer secretario ejecutivo fue el actual diputado Marcelo Schilling, exiliado en México y ex GAP del presidente Allende; y la última creada bajo la democracia en el año 2004: la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, que, durante estos 16 años parece que no existiese pues no se ha conocido resultado positivo, especialmente en la zona afectada por el terrorismo.  

 

Los hechos y el mandatario.

Creo inoficioso extenderme en este ámbito pues lo enunciado en el preámbulo basta por sí solo, sino referirme en particular al comportamiento evolutivo e impresentable del presidente Piñera:

·      Enero 2012, en su primer mandato a raíz de los incendios desatados en el país, afirmó que los incendios en las regiones de Bío Bío y La Araucanía fueron intencionados. "Nunca vamos a permitir que los violentistas tengan la última palabra…los incendios intencionales son delitos terroristas"…

·     Enero, 4, 2013. Producto del macabro atentado contra la propiedad del matrimonio Luchsinger-Mackay, fueron formalizados 11 personas, pero la ineficiente o temerosa fiscalía, guiada por un Fiscal Nacional repudiado ampliamente por la opinión pública, logró acreditar únicamente la participación de Celestino Córdova. El presidente Piñera una vez conocido el fallo expresó: "se hizo justicia y que un acto brutal, en que, en forma despiadada, planificada, un grupo de personas quemó vivos a dos ancianos no podía quedar impune." El criminal condenado a 18 años cárcel, producto de una dudosa huelga de hambre utilizada como medida de presión puso al gobierno de rodillas, obteniendo concesiones que no les correspondían por la magnitud del delito cometido y el poco tiempo que llevaba en el cumplimiento de la pena. ¿Dónde quedaron sus anteriores declaraciones?

·     Julio, 2016, como eventual precandidato declaró en Temuco: "El terrorismo en la Araucanía no se puede tolerar…Frente a la violencia no puede haber ninguna ambigüedad…".

·     Enero, 9, 2018: "Nunca vamos a permitir que los violentistas tengan la última palabra, No podemos tolerar que una minoría pretenda con actos absolutamente criminales…". Repitió exactamente lo que dijo en su primer gobierno…..Increíble.

·      Marzo, 6, 2018 a pocos días de asumir su segundo mandato en una entrevista concedida a Univisión, hizo reconocimiento explícito del terrorismo existente en la Araucanía. "Una cosa distinta es tolerar el terrorismo. Patricia, hay terrorismo en La Araucanía, ¿qué cree usted de personas que quemaron vivo a un matrimonio de ancianos como fue el matrimonio Luchsinger Mackay, que queman las iglesias con niños y mujeres adentro…, simplemente para causar terror en la región? Eso es terrorismo".

·     Noviembre, 2018.  A raíz de un asalto y robo de auto a cuatro profesoras de la comuna Ercilla, se originó un procedimiento policial de Carabineros que seguían a los presuntos autores, que desgraciadamente terminó con la muerte del comunero Camilo Catrillanca el día 14, siendo procesados los participantes de dicho operativo, causa que se encuentra en desarrollo. Pero del atentado sufrido por las profesoras nunca más se supo.

·     Julio, 31, 2020. Durante la última cuenta pública precisó que "su gobierno ratifica su compromiso con la Región de La Araucanía … reafirma su férreo compromiso con la defensa del Estado de Derecho y con el combate, con todos los instrumentos que nos otorga la ley, contra la violencia y el terrorismo que desgraciadamente causa estragos en la Región de La Araucanía, y que tanto daño ha causado, no sólo a las víctimas directas, sino que a todos los habitantes de esa región y a todo nuestro país"

·      Agosto, 23, 2020:  Ante el reciente ataque a la familia de un camionero, afirmó: “Pero el ejemplo de esa niña nos va a ayudar a mantener la fuerza y la voluntad para encontrar, juzgar y castigar a los terroristas que no trepidan ante nada ni ante nadie y son capaces de herir a una niña de nueve años. Eso es algo que no vamos a tolerar y vamos a perseguir con toda la fuerza de la Ley y del Estado de Derecho".

Palabras, solo palabras, que nos han encaminado a la situación más crítica después del año 1973, con un horizonte muy difícil de precisar. Las querellas contra los que resulten responsables, el extremo rigor de la ley, caen en el vacío más absoluto; la aplicación de ley de seguridad interior y la ley contra el terrorismo han sido frases fatuas; por otra parte, los estados de excepción declarados no parecen inquietar a nadie, pues se siguen vulnerando y cometiendo todo tipo de atentados. Con las policías y los miembros de las fuerzas armadas, limitados en su accionar por la más absurda Regla de Uso de la Fuerza.Todo es una chacota, fiesta a la que se suman jueces ideologizados o temerosos de aplicar la ley por razones obvias; fiscales incapaces de aportar pruebas ya sea por negligencia, falta de preparación o el mismo temor antes indicado; el INDH presto para devorar a las eventuales presas, todo ello avalado por el más ineficiente sistema de inteligencia con que ha contado el país. Parafraseando a una escritora norteamericana, el gobierno -el presidente- es víctima de la monarquía del miedo. Los políticos nos han retrocedido a los años previos a nuestra independencia, en que durante 300 años nos regíamos por las políticas dictadas por el Consejo Real de Indias, hoy día Organización de las Naciones Unidas, que coarta nuestra soberanía y atropella nuestra idiosincrasia, en aras de un globalismo o nuevo orden mundial, constituyendo nuestro país el conejillo de indias. Dios bendiga y proteja a las nuevas generaciones.

                  
Fernando Hormazábal Díaz

General de Brigada (R)