Las
FF.AA. existen para la defensa de la Patria y son esenciales para la Seguridad
Nacional, así reza el art.101 de nuestra CPE. Creo que para ningún
chileno por muy poco ilustrado que sea -de los que abundan en la Cámara de
Diputados- dejarán de comprender el papel en la defensa de nuestra soberanía,
pero el concepto de Seguridad Nacional, al no estar definido en la propia carta
magna ni en otra ley -como lo es en España, por ejemplo-, se ha prestado para múltiples
interpretaciones, siendo la izquierda que tradicionalmente ha sido la que más
ha torpedeado dicho concepto, a pesar que bajo el gobierno de Salvador Allende
no dudó en interpretarlo a su conveniencia. También en el pasado hubo
mandatarios demócratas que hicieron abuso de lo que hoy se denomina
polivalencia de las FF.AA. al utilizarlas como quinta columnas en
huelgas de personal del servicio de salud y municipales, cuando no existían
empresas privadas que hicieran esta última labor. De esta manera la Seguridad
Nacional ha estado sujeta a la interpretación de académicos tanto civiles como
militares y a los gobiernos de turno cuando lo han esbozado en los Libros de la
Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional que ha sufrido importantes
modificaciones. Más clara está la polivalencia en el papel asignado a los Jefes
de Fuerzas en quienes el presidente de la república delega facultades que están
establecidas en las Leyes que regulan los Estados de Excepción Constitucional.
En
agosto de 2019, el presidente Piñera promulgó el
Decreto 265 ampliando la polivalencia a nuevas tareas. El artículo primero
expresaba: Autorizase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las
autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades
que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el
marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas
fronterizas del territorio nacional
Esta
norma que tenía duración solo por un año, se prorrogó por igual periodo en
agosto de 2020, pero ante la petición de parlamentarios por la oleada
migratoria ilegal a través de pasos no habilitados para que se otorguen
facultades a las FF.AA. para su control, el mandatario firmó el 12 del presente
un decreto modificando el anterior -cuyo texto aún no ha sido publicado- pero
que -según la prensa- aumenta las facultades del Decreto 265, que permite el
apoyo en el control de la frontera en
materia de narcotráfico y crimen
organizado y que a partir de ahora amplia su alcance para permitir el control
del ingreso ilegal desde las Regiones de Arica hasta Antofagasta.
Los
seres humanos no son inmunes a las tentaciones y de hecho el flagelo del
narcotráfico puede corromper hasta los más puros. No son pocos los testimonios
de fuerzas militares que han sucumbido a este cáncer que se extiende con una
velocidad increíble: México, Cuba, Bolivia, Panamá, Colombia, Venezuela, por
nombrar algunos, hasta el propio ejército americano durante los conflictos de
Vietnam y Camboya, y otros. No en vano el Cartel de los Soles en Venezuela
recibe esa denominación porque quienes las dirigen son altos oficiales de las
FF. AA. cuyas insignias de grado están representadas por ese astro.
De
acuerdo a versiones de la policía, una cantidad considerable de drogas penetra
a nuestro país a través de pasos no habilitados dadas las facilidades que
ofrece el territorio en las fronteras con Perú y Bolivia, ya sea en vehículos o
a pie.
Lo
anterior se veía venir desde hace varias décadas, pero los sucesivos gobiernos descuidaron
la protección de nuestras fronteras a partir de la suscripción del Pacto de
Ottawa que entró en vigor 1999. Al respecto creo conveniente traer a colación la
situación que vivió Chile en peligros inminentes de conflictos con Perú y
Argentina en la década de 1970. Fue un periodo en que nos llovía sobre mojado, porque
la enmienda Kennedy prohibió no solo la
venta de armas a Chile, sino municiones, repuestos y otras restricciones.
Esta tensa situación obligó al gobierno de mi general Pinochet a limitar la
eventualidad de agresiones a través de nuestras fronteras, especialmente en
aquellas más vulnerables por las facilidades que ofrece el territorio,
sembrando campos minados en zonas próximas a las fronteras con nuestros tres
vecinos, porque era obvio que las posibilidades de una HV3 eran certeras.
Mediante
la adhesión al Tratado de Ottawa, Chile se obligó bajo ninguna
circunstancia, a emplear, desarrollar, producir, almacenar o transferir minas
ni ayudar a un tercero a que lo haga. Debiendo, además destruir las minas
antipersonal existentes, estén almacenadas o sembradas. Al cumplir con este
mandato -que aún está en desarrollo, por la complejidad y peligroso de la
tarea- Chile descuidó sus fronteras, quedando a merced de cualquier aventura
bélica de parte de nuestros vecinos y para la inmigración ilegal, dando lugar
al paso de contrabandistas, narcos
traficantes y criminales, especialmente
agravada en las actuales circunstancias por la situación que viven países
vecinos y paravecinos; súmese la falta de regulaciones para lograr una
inmigración controlada y ordenada; y por otra parte, gracias a los beneficios
sociales que otorga el gobierno -en desmedro de nuestros propios
nacionales- de extranjeros que exigen
demandas que ni en sus propios países que han abandonado recibirían.
Recuerdo
que al poco tiempo de adherir Chile a dicho tratado -estando ya en retiro- me
entrevistó un periodista del canal estatal respecto al pacto y sus
repercusiones. Como son en general las entrevistas editadas al aire salieron
los criterios sustentados por el entrevistador, omitiendo parte importante de
mis declaraciones. En ellas expresaba que, reconociendo que dicha adhesión era
un acto soberano del Gobierno, desde el punto de vista militar era negativo,
por el abandono en quedarían nuestras fronteras. Por otra parte, los campos minados estaban en
territorio nacional y eran parte de nuestro sistema defensivo en el ejercicio propio de nuestra soberanía; y que el retiro de los Campos Minados obligaría a disponer de mayores medios y unidades más céleres además de otras
medidas que no son del caso citar ahora.
Hoy
día, en gran parte de nuestras ciudades hay viviendas que, para garantizar la
seguridad de sus moradores, utilizan cercos eléctricos, alambradas, concertinas,
perros Pit Bull, Rottweiler y otras razas peligrosas, sin que nadie reclame
porque están en su propiedad y si algún accidente se ha producido es por quienes
han querido traspasar dichos límites. (Este comentario no estará exento de críticas)
Desde el punto de vista de los DD.HH. este Pacto nació
producto del uso indiscriminado e irregular de minas, especialmente, en países
de África; también en Colombia, en Centro América, India, Pakistán, etc.,
incluso en países de Europa, que había dejado ciento de de miles de accidentados en todo el mundo. En Chile, los campos minados sembrados por el Ejército estaban bajo la tuición de las unidades del arma de Ingenieros que
anualmente efectuaban su mantenimiento reparando las alambradas y reponiendo la
señalética indicadora para evitar accidentes, de manera que las
incidencias producidas fueron muy escasas.
Recapitulando, a la petición de los parlamentarios y del nuevo decreto firmado por el presidente Piñera ¿En que consistirá este apoyo? ¿Estarán meridianamente claras las responsabilidades del mando, ahora que existe un jefe de las Fuerzas por el Estado de excepción constitucional? ¿Cuánto tiempo pasará para que los señores que habitan en el Congreso, ante el avance descontrolado del narcotráfico y la presencia de carteles extranjeros en las poblaciones; con jueces y fiscales que a juzgar por los hechos parecen no estar en onda, no tengan otra brillante iniciativa como la de pedir que las FF.AA. se sumen al control y a la erradicación del flagelo en esos sectores.
Cuidado con la polivalencia,
no desvirtuemos el concepto. No olvidemos que parte importante del contingente ahora que el Servicio Militar no es obligatorio proviene de dichos centros
urbanos. No agrandemos aún más el problema. Las manzanas abundan en el paraíso terrestre y no se puede descuidar la preparación de las FF.AA. en los fines que se establecen en la CPE..
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
Si consideras de interés. Te
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