1) Allende elegido Presidente de la República.
En 1970 llegó la “revolución del vino tinto y la empanada” con
Salvador Allende, elegido democráticamente gracias a la maniobra táctica del
Estatuto de Garantías -confesada por el mismo poco después- con los cuales
obtuvo los votos de la Democracia Cristiana en el Congreso -época en que no
existía la segunda vuelta- estatuto que al poco tiempo quedó en el olvido. Durante su periodo, el MIR no integró la
coalición de la Unidad Popular, aunque la apoyó haciendo una tregua en su
táctica de acciones de propaganda armada. Pienso que fue el precio que Allende tuvo
que pagar al dejar en libertad a un número importante de los condenados por asesinatos
y acciones subversivas, entre ellos los del VOP, Vanguardia Organizada del
Pueblo, justificando que “eran jóvenes idealistas” quienes al poco tiempo asesinaron al ex ministro de
Interior de Frei, Edmundo Pérez Zujovic.
No me voy a referir en detalle a lo nefasto que resultó este
gobierno que estuvo a punto de provocar una guerra civil, por la peor crisis
económica y social vivida en los últimos cuarenta años ante los abusos
cometidos por el Gobierno, seguramente confiado en un contingente armado a base
del GAP, los miles de cubanos y otros extranjeros ingresados al país; la
internación clandestina de armas justificando que eran obras de arte donadas
por Cuba y guardadas en su residencia de
Tomás Moro; el MIR y otras organizaciones de extrema izquierda. Basta para ello
el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, a que haré
referencia a posteriori.
2)
El
Tanquetazo.
Previamente,
dentro del contexto de la pérdida del Estado de Derecho creo necesario referirme en forma suscita al Tanquetazo, sublevación del Regimiento Blindado N°2, en
aquellos años, junio de 1973, que tenía su cuartel en calle Santa Rosa. Los medios de izquierda e incluso la Memoria
Chilena de la Biblioteca del Congreso Nacional lo han considerado como un
intento de Golpe de Estado. En estricto rigor, civiles iluminados de Patria y
Libertad que confraternizaban con oficiales subalternos de dicho regimiento
intentaron subvertir a la oficialidad; descubiertos por la institución, el capitán
cabecilla fue detenido y permanecía recluido en dependencias de la Guarnición
Militar, hasta donde llegaron sus camaradas a rescatarlos con vehículos
blindados. El comandante de la Unidad -según cercanos- que desconocía las
intenciones, al llegar al regimiento se encontró con la tropa presta y no le
quedó otra que asumir; bien o mal, fue su decisión y no juzgo por falta de
antecedentes. En todo caso, la sublevación que no obedecía a ninguna
planificación previa, obviamente, estaba condenada al fracaso y fue sofocada
con valentía por el propio comandante en jefe. No se puede desconocer la
actuación del general Carlos Prats tan solo acompañado de su ayudante, el mayor
Osvaldo Zavala, para enfrentar a los tanques y exigir su desistimiento, sin perjuicio de otras medias adoptadas por el mando.
Conviene precisar sí, que “a esa altura del partido” -como
está de moda vincular toda la actualidad con el deporte de las masas, el fútbol-
existía un descontento que me atrevería a generalizar en la institución hacia
el comandante en jefe del Ejército, quien llegó a ese cargo con los máximos
créditos profesionales que nadie puso en duda al momento de su nombramiento,
pues gozaba de un prestigio indiscutido y que sobrepasaba con creces -a mi
juicio- a varios predecesores. Sin embargo, a partir de su nombramiento como
ministro del Interior junto a otros oficiales generales para integrar el
gabinete de Seguridad Nacional -como lo denominó el gobierno- para hacer frente
a la compleja situación política y social que se vivía en el país, en un claro
intento de politizar a las Fuerzas Armadas por parte del presidente Allende,
según mi particular punto de vista hubo un cambio en cuanto al papel que le
correspondía a las instituciones de la Defensa Nacional, no solamente en su
persona, sino también en otros oficiales
generales que estaban plenamente identificados. Fui testigo, como alumno de la
Academia de Guerra del Ejército cuando el general Prats visitó nuestro
instituto y reunidos profesores y alumnos de las academias de Guerra y Politécnica,
ante una consulta con respecto al ingreso de miembros o partidarios del Partido
Comunista a la institución, en especial al cumplir con el SMO, dijo que había
que democratizar el Ejército, tal como en la actualidad varios visionarios lo aseguran como un
credo. Más tarde, en un nuevo intento de llevar tranquilidad a la nación, el
presidente Allende conformó un nuevo ministerio que llamó en esta ocasión el
gabinete de Salvación Nacional, emulando el nombre empleado durante una
crisis similar en 1932. Los comandantes en jefes de las instituciones de la
Defensa Nacional ocuparon diversas carteras, Carlos Prats fue designado
Ministro de Defensa Nacional.
En otro gesto que despertó desconfianza, el Director General
de Inteligencia del Ejército afirmó en la misma academia, que lo que se divulgaba como un campamento de guerrilleros del comandante Pepe, José Gregorio
Liendo, miembro del MIR que causaba estragos en la zona de Neltume,
correspondía a una colonia de un colegio privado de la capital para vacaciones de
invierno. Después del 11 de septiembre se confirmó su presencia, fue detenido
junto a otros terroristas, juzgado por un Consejo de Guerra, condenado y fusilado,
pero hoy día la justicia tiene procesado a los miembros del Consejo de Guerra.
3)
El
acuerdo de la Cámara de Diputados y el pronunciamiento militar.
El 23 de agosto 23 de agosto de 1973, dada la crisis que
afectaba a la nación por la responsabilidad que le correspondía el gobierno en
ejercicio, tomó un acuerdo que síntesis expresaba los siguiente:
El
empeño del gobierno para obtener el
poder total, sometiendo a la población al más estricto control económico y
político por parte del Estado y lograr la instauración de un sistema
totalitario; la continuas violaciones a la constitución y las leyes haciendo de
ello una conducta permanente, al desconocer y atropellar sistemáticamente las
atribuciones de los demás Poderes del Estado; capitanear una infamante campaña
de injurias y calumnias contra la Corte Suprema; haberse negado a promulgar la reforma
constitucional sobre las tres áreas de la economía; haber violado
sistemáticamente los dictámenes destinados a representar la ilegalidad de los
actos del Ejecutivo; cometer permanente atropellos a las garantías y derechos
fundamentales establecidos en la Constitución, citando 10 casos específicos de
violación.
Al
referirse al quiebre del Estado de Derecho, el acuerdo precisó la formación y
desarrollo bajo el amparo del Gobierno de grupos armados que, además de atentar
contra la seguridad de las personas y sus derechos, y contra la paz interna de
la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas. Señaló a
continuación el hecho que se haya impedido a Carabineros ejercer sus
atribuciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas
afectos al Gobierno y la utilización de las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de
Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e
infiltrar políticamente sus cuadros y que su presencia en el Gobierno no puede
prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y
minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de
pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática
indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil,
seguridad y desarrollo.
A lo
anterior se sumaron declaraciones de la Corte Suprema, del Contralor General de
la República, del Colegio de Abogados, entre otras; mayor importancia aún,
cobraron las afirmaciones del presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, en
una audiencia que concedió a la Sociedad de Fomento Fabril: Nada
puedo hacer yo, ni el Congreso ni ningún civil. Desgraciadamente, este problema
sólo se arregla con fusiles, de manera que en vez de ir al Congreso debíamos ir
a los regimientos. Les aconsejo plantear crudamente sus aprensiones, las que
comparto plenamente, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, ojalá
hoy mismo.
(Acta Rivera).
El
MIR, por otra parte, aseguraba contar con 10.000 pobladores y 50.000 mil
trabajadores de los cordones industriales y con armas suficientes; el
Secretario General del Partido Socialista, Carlos Altamirano, que enfrentaba un juicio por abierta
insurrección en la Armada, había expresado: la legalidad burguesa se agotó. Ahora llegó la hora de la
legalidad revolucionaria. Si el fascismo no se somete, el pueblo quemará Chile
de norte a sur.
Bueno,
los fusiles llegaron, pero no por iniciativa de las Fuerzas Armadas como los
testimonian los hechos anteriores, reafirmado además por el sentir de la
ciudadanía quienes lo expresaron como un clamor nacional, comprobado con las
manifestaciones de júbilo y alegría en todo el país una vez producido el golpe
militar el 11 de septiembre.
4) La situación
actual.
Sin perjuicio de lo funesto que fue para Chile el gobierno de
Salvador Allende por la profunda crisis social, política y económica, en mis
ochenta y tantos años de vida, jamás me tocó presenciar y sufrir un descalabro
como al que nos ha llevado el gobierno de Sebastián Piñera: La pérdida del
Estado de Derecho y su incapacidad y temor de dar cumplimento al juramento al
momento de asumir su cargo de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes. El expresidente del Tribunal Constitucional, Raúl Bertelsen ha sido
concluyente con respecto al mandatario: el presidente faltó a un deber
constitucional de hacer respetar la Constitución; no se han cumplido los
acuerdos económicos…; no se ha cumplido el Acuerdo por la Paz Social; no se ha pacificado el país…
Su deficiente conducción al gobernar ha dado lugar a un
parlamentarismo de facto, con un congreso absolutamente desprestigiado por el
bajo nivel de preparación de la mayor parte de sus integrantes, a quienes solo
les ha interesado mantener el poder por el poder, con una actitud absolutamente
obstruccionista, ante la cual el Gobierno y parte de la derecha ha cedido en un
afán netamente populista, pensando en las encuestas y en lo que dice la calle,
ignorante e ingenua, olvidando el programa de Gobierno por el cual fue elegido
por una amplia mayoría.
Se suma a este negro cuadro un poder judicial absoluta e
igualmente desprestigiado por el ideologismo y activismo reinante, lo que ha
hecho caer a numerosos jueces en abierta prevaricación, como lo he señalado en
columnas anteriores, lo que fuere reconocido por el actual ministro de Justicia
al asumir su cargo y en igual sentido, y recientemente por el doctor en Derecho
de la Universidad de París y ex ministro de la Corte suprema, Pedro Pierry: La función de
los jueces es aplicar las leyes, aunque en su personal opinión sean injustas o
socialmente inadecuadas. La Democracia es el gobierno de la ley, no de los
jueces. ¡Ay de los países en que gobiernan los jueces!
De lo anterior no se escapa el Fiscal Nacional, ex subversivo o
simpatizante de esos movimientos, amigo de la señorita Bachelet, cuando ésta, como
militante o ayudante del FMPR era la comandante Claudia.
Pero el que se ha llevado el “Oscar” de la reprobación, sin duda es el actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien ha sido insensible para acoger el indulto solicitado por los ancianos recluidos en Punta Peuco y Colina 1, cargando sobre su conciencia el fallecimiento a la fecha de 22 personas con enfermedades terminales, que no pudieron pasar sus últimos días de vida junto a sus familiares. En cambio, corrió a doblegarse ante el supuesto machi Celestino Córdova en una dudosa huelga de hambre -el doble asesino de ancianos que murieron quemados vivos en su hogar- para otorgarle beneficios carcelarios más allá de lo que establece el Decreto 943 de 23/12/ 201: (…) sólo podrán ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos, los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios y siempre que cumplan los requisitos, siendo uno de ellos, el de conducta: ¿Se puede calificar de buena o muy buena conducta, a un condenado que ha optado por la huelga de hambre? Por ora parte 2/3 de 18 años, si la aritmética no me traiciona, son 12 años, muy lejos de los 6 que lleva cumplido el doble asesino.
Suma a su nefasto proceder el descriterio o desafortunada decisión de negociar con las voceras del condenado Córdova, una de ellas, Giovanna Cecilia Tabilo Jara, ex integrante del movimiento subversivo Mapu Lautaro, detenida en la cárcel de mujeres por delitos terroristas y posteriormente ya en libertad, junto a sus hermanos, también ex integrantes de dicho movimiento se dedicaron al narcotráfico, constituyendo el “Cartel de Los Tabilo” en la población de La Victoria. Tampoco se dio el tiempo, ya que estuvo en la zona, de visitar a la señora Roxana Carrut, quien está también en huelga de hambre, pero efectiva, por protestar por el completo abandono del Gobierno ante el terrorismo reinante en la zona, donde ha perdido sus bienes y sufre constantes amenazas. ¿El Instituto de Derechos Humanos? El señor Micco solo tiene tiempo para visitar a los asesinos y delincuentes en huelga de hambre. La única autoridad que la ha visitado fue el exministro Sichel, el mejor evaluado de su gabinete, pero que el presidente en beneficio del equilibrio político en su gabinete, se despojó de él…. Parece que esta cartera quedó vacante, digo yo, pues da la impresión que la silla quedó vacía.
El
Instituto de Derechos Humanos, otra de las creaciones de los últimos años, es un
reducto de funcionarios de izquierda absolutamente ideologizados, que
desvirtúan totalmente el rol que deben cumplir. Su función principal ha sido
perseguir a uniformados, especialmente a Carabineros de Chile. Generosamente
remunerados, con un sueldo superior al de un general de Ejército. No han
quedado chicos en los montajes sin investigar las denuncias recibidas.
¿Recuerdan el Centro de Torturas de Carabineros de la Estación Baquedano, que
denunció lo más granado de la izquierda parlamentaria? Resultó absolutamente
falso. ¿Alguna disculpa? ¿Dijo algo el gobierno, los políticos o los medios de
TV que explotaron la falsa denuncia? Nada. Pero el caso más indignante fue el
de un estudiante de medicina de la UC., de apellido Maureira que, habiendo sido
detenido en el interior de un supermercado saqueado junto a otras personas,
denunció que había sido violado por Carabineros con sus lumas y en el furgón habría
sufrido fuertes golpizas. Al carro de la difamación se subieron el INH, los
canales de televisión y entre otros, el rector de la Universidad Católica de
Santiago -el mismo que confraternizaba con los delincuentes que arrasaban
Santiago en las afueras de su Universidad- quien ofreció incluso el apoyo
legal. Resultado de la investigación durante el juicio: No hubo tal violación,
absolutamente falso, tampoco golpiza, pues los carabineros en el furgón lo
habían protegido de los golpes que le daba el otro detenido, por haberse bajado
los pantalones delante de su suegra. Tenía cualquier cantidad de antecedentes
negativos, incluso sumarios por robo dentro de la universidad y episodios de
cólera semejantes, encontrándose con tratamiento médico. Pero el video subido
ayer que aclaraba este hecho con lujo de detalles, hoy ya no existe y ninguno
de los acusadores ha tenido el coraje de ofrecer disculpas, después que
pretendieron enlodar a Carabineros de Chile
Creo no haberme equivocado, cuando
vaticiné que, con el nombramiento de Víctor Pérez como ministro de Interior y
Seguridad Pública, se había perdido un muy buen senador, pero que seguiría el
mismo camino de los anteriores, Chadwick y Blumel. Y a lo mejor peor, si
resulta la acusación constitucional que han anunciado parlamentarios de
izquierda, haciendo uso y abuso de su incoherencia, no solo guardando absoluto
silencio por el vandalismo y el terrorismo, sino varios de ellos han servido de
paladines incitando o avalando tal conducta. ¿Y a estos especímenes queremos
confiar la elaboración de una nueva constitución? ¿Despierten chilenos! Mañana
será muy tarde.
Pero
el problema está en el presidente Piñera, que se resiste a cumplir con su mandato
de mantener el Estado de Derecho con todas las herramientas de que disponen la
Constitución y las leyes, pensando tan solo en un futuro sin problemas legales,
a costa del sacrificio de todos los chilenos. La misma ley por la que presiona
la izquierda inmoral y poco consecuente para aplicar a los camioneros, que lo
único que han pedido es poder trabajar en paz, libre de atentados terroristas,
es decir precisamente establecer el Estado de Derecho perdido en la macrozona
del sur, es la norma que ni siquiera se ha insinuado frente a los graves desmanes,
delincuencia, narcotráfico y terrorismo que inunda la zona.
Fernando
Hormazábal Díaz
General
de Brigada (R)
Agradeceré
difundir si estima necesario
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