1. Una mirada retrospectiva a la historia constitucional.
Aun no se
terminaban de enfriar los ánimos después de la primera Junta de Gobierno, y antes de un
año se había dictado el primer Reglamento para la Autoridad Provisoria. Este documento establecía ciertas limitaciones al gobierno en cuanto a disponer de
las tropas de ejército y de las milicias en servicio estraordinario.
El próximo, Reglamento Constitucional Provisorio
de 1812, exigía a los Cuerpos
Militares prestar juramento solemne de cumplirlo, obedecer al Gobierno y Autoridades constituidas, y concurrir
eficazmente a la seguridad y defensa bajo la pena de extrañamiento. El Reglamento de 1814 no hizo ninguna referencia a
las fuerzas militares; en 1818, se redacta el primer texto con el nombre de
Constitución Provisoria, determinando que los Gobernadores
Militares de Valparaíso, Talcahuano y Concepción serán designados por el
Director Supremo. La Constitución
de 1822 estableció que formarán parte del Senado tres jefes
del Ejército del grado de Brigadier inclusive hacia arriba y que el mando personal del Ejército, Armada y Milicias debía contar con el consentimiento del poder legislativo. En la de 1823, se establece que la fuerza del Estado se compone de todos los chilenos capaces de
tomar las armas y mantener la seguridad interior y la defensa exterior. Por
primera vez se incorpora el concepto que la fuerza pública es esencialmente
obediente y no puede deliberar.
La constitución de 1828, precisa que la Fuerza Armada está compuesta por el Ejército de mar y tierra, y de la milicia activa y pasiva, correspondiendo al Congreso determinar el número, orden, disciplina y reemplazo. Sin embargo, la ley magna de 1833 que se mantuvo vigente por más de 90 años, no incluyó el concepto anterior y confirió facultades a la Cámara de Diputados para acusar entre otras autoridades a los generales de Ejército y Armada, cuando hayan comprometido gravemente la seguridad y el honor de la nación. Otorgó al presidente de la República con acuerdo del Senado, conferir los grados de coroneles y capitanes de navío y demás oficiales superiores del Ejército o Armada.
Esta norma se prestó para politizar a miembros de las instituciones que en ocasiones sin tener los méritos suficientes se acercaban a un “padrino” en el Senado para contar con su beneplácito. Algo así como el actual senador Girardi, con respecto a los jueces que optan para ser designado miembros de la Corte Suprema. También establecía que la Fuerza Pública- sin precisar quienes la integraban- es esencialmente obediente y ningún cuerpo armado puede deliberar; creó el Consejo de Estado, del cual integraría por derecho propio un oficial general de Ejército o Armada.
La Constitución de 1925, mantiene los mismos
conceptos antes señalados, a excepción del Consejo de Estado que desaparece.
Cabe señalar que esta constitución fue promulgada por el presidente Arturo
Alessandri Palma, y entre los ministros que la suscribieron estaba el coronel Carlos
Ibáñez del Campo en su calidad de ministro de Defensa. Es pertinente consignar -en relación con el próximo plebiscito- que el referéndum que la aprobó lo hizo con un 95,5 % a favor, pero con una abstención del 55% de los
inscritos.
A propósito del paladín de la democracia, como consideran algunos a don Arturo -con el perdón de sus familiares que con orgullo llevan su apellido- en mérito de la historia que muchas veces no recoge ciertos aspectos de los líderes, o por lo menos no los destaca, en el año 19 del pasado siglo se fraguaba un complot militar que fue descubierto por el Ejército, instruyendo un proceso cuyo desenlace nunca fue conocido. En el caso Armstrong -como se le recuerda- un grupo de oficiales liderado por el general de ejército de ese apellido, pretendía que el presidente Sanfuentes endureciera su gobierno, prescindiendo de los partidos políticos y del Congreso. Según testigos de la época, de cuya descendencia me honro afirmaron que A lo lejos, en la sombra, aparecía hábilmente mimetizada la figura del fogoso político, Arturo Alessandri Palma. Como gozaba de simpatías al interior del Ejército, en especial de los oficiales jóvenes, al capitán Pedro Álvarez Salamanca lo nombró Edecán Militar en su primer gobierno y en el tercero, Director General de Investigaciones. Así llegaron las elecciones de 1920 y el presidente constitucional fue designado por un organismo inconstitucional; efectivamente, así como se lee. La constitución vigente estipulaba que el mandatario debía ser elegido por los electores que consultaba la suprema ley, siendo proclamado el que hubiere obtenido mayoría absoluta y en el caso de que ninguno de los candidatos la alcanzara, debía elegir el Congreso entre los que lograran el mayor número de votos. El resultado de la votación arrojó ventaja de 1.000 votos de Barros Borgoño, sobre Alessandri Palma, pero éste lo superó en 5 electores; los votos de Recabarren fueron insignificantes. Como ninguno obtuvo la mayoría absoluta debía resolver el Congreso conforme lo establecía la Constitución; pero como los políticos -no solo ahora- buscan artimañas para burlarla, crearon de hecho y de derecho un Tribunal de Honor, inconstitucional, para que dirimiera el impase, siendo así proclamado Arturo Alessandri Palma.
Pero eso no es todo, este insigne adalid
de la democracia, recorriendo el país para asegurar a los parlamentarios de su
colonia que debían ser elegidos el próximo año, llegó a la Escuela de
Caballería y en reunión con los oficiales, presididos por su director el Mayor
Carlos Ibáñez del Campo, se dedicó a desprestigiar al Congreso, esperando
captar las simpatías de su auditorio. Pero lo peor sucedió en las elecciones
del año 24 siendo su ministro del Interior Guillermo Labarca, a través del
Edecán Militar se dio a la tarea de reclutar entre sus camaradas de armas y
amigos a Oficiales Delegados para participar en el próximo acto eleccionario,
los cuales llenaron de oprobio su actuar dada la cantidad de
irregularidades que cometieron, las que incluso incluyeron el asalto a urnas y el robo de registros. Como corolario los oficiales y suboficiales
que actuaron de esa forma fueron duramente sancionados y dados de baja, Pero
los instigadores como el ministro Labarca y el Edecán Militar salvaron
ilesos, como dan cuenta las respectivas actas del Congreso. No le echen la
culpa entonces a los militares por el Ruido de Sables. Con posterioridad
Alessandri, en su tercer mandato -1932 a 938- cobró revancha, pero claro,
recurriendo a otra ilegalidad, al crear las Milicias Republicanas y dotándolas de
armamento despojado al Ejército, a quien ofendió en presencia de dichas
milicias, calificando de establo a la unidad donde años atrás había
concurrido a desprestigiar a otro poder del Estado. Todo lo que brilla no es
oro, especialmente entre algunos señores políticos.
La Constitución de 1980, de la dictadura
como la denomina la izquierda radicalizada y la Democracia Cristiana, cada día
menos cristiana y más cercana a la anterior, le dio paz, tranquilidad, y
progreso a nuestra nación durante estos 40 años con el esfuerzo de todos los
chilenos. ¡Que tenía enclaves! la juzgan, claro que los tenía, pues protegía a
la República. ¡Cómo se extrañan aquellos amarres con el nivel de violencia, delincuencia, terrorismo y narcotráfico; con la institucionalidad por el suelo y una carencia de respeto a
la autoridad como jamás se había observado en los últimos 80 años!
Esta ley ratificaba que las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes, agregando además su carácter profesional, jerarquizadas y disciplinadas. Están integradas solo por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, existen para la defensa de la patria,de la Repú son esenciales para la seguridad nacional y garantizan el orden institucional de la República. Igualmente mantenía las facultades de los diputados de acusar a los generales y almirantes por haber comprometido gravemente el honor y la seguridad nacional. Y expresamente señalaba que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Carabineros se integrará además, con las Fuerzas Armadas en la misión de garantizar el orden institucional de la República. Regulaba además la incorporación a las plantas y sus dotaciones; como asimismo enfatiza que ninguna persona u organización podría poseer armas, -sin duda para evitar situaciones como las del GAP bajo el gobierno de Allende- otro artículo establecía la forma de designar a los comandantes en jefe de las instituciones de la Defensa Nacional y al director general de Carabineros, con una duración de cuatro años en sus cargos, siendo inamovibles durante dicho período, salvo en casos calificados en se podrían llamar a retiro con acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional. En cuanto a los senadores designados que establecía la constitución, un ex comandante en jefe de cada institución y un ex director general de Carabineros, designado por el Consejo de Seguridad Nacional formarían parte de esta cámara.
La
Constitución del 2005 promulgada bajo la presidencia del presidente Ricardo
Lagos, con respecto a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad
Pública, en general mantiene las disposiciones de la anterior, excepto, obviamente, los enclaves o amarres de la dictadura, como suelen decir los
nuevos demócratas, a saber: El Presidente de
la República, mediante decreto fundado e informando previamente a la
Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en
Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de
Carabineros, en su caso, antes de completar su respectivo período;
se eliminan además los senadores designados y también
el párrafo de que eran garantes del orden institucional de la República.
Llegó la
primavera afirmó el presidente Lagos al momento de promulgarla, Chile tiene
al fin una constitución democrática. Pero esta carta magna duró lo que
dura la lombriz en el pico de un pavo, porque ahora quieren nuevamente, no
solo cambiarla, sino partir de una hoja en blanco, o partir de cero, como me lo
dijo un joven muy apreciado hace un par de años. Refundar la República después
de 200 años, como si los anteriores valiesen hongo.
Mal que le pese al innombrable alcalde
comunista de Recoleta, el Ejército -las Fuerzas Armadas en general- han sido un aporte
innegable en estos doscientos años de crecimiento y desarrollo, que ahora quieren
botar a la basura por un destino que ya se vislumbra: de miseria, pobreza,
falta de libertad, carente de valores y presa de relativismo moral, con un
Estado predominante, supremo propietario, policial, represor, burocrático,
controlador y censurador de los medios de comunicaciones, de los cuales hoy
hacen uso y abuso con plena libertad, con la connivencia de periodistas y
editores ante la pasividad de propietarios y controladores, creyendo que a
ellos en el futuro no los tocarán, como si los ejemplos de Cuba, Venezuela y
Nicaragua, por nombrar solo a algunos de nuestro barrio fuesen poco.
El Ejército de Chile, nació junto a la República e independiente de las contingencias propias al inicio de su vida independiente hasta lograr su consolidación en 1818, los generales O” Higgins y Carrera fueron fundamentales, a pesar que la juventud en el presente con una ignorancia abismante no sabe quiénes fueron. Durante la organización de la república, Blanco Encalada, Freire y Francisco Antonio Pinto ocuparon la presidencia en diferentes períodos. A partir de 1830, al establecerse un régimen presidencialista donde el mandatario era elegido indirectamente por un período de cinco años -con la opción de ser reelegido- dio lugar a cuatro gobiernos por decenios, de los cuales dos fueron generales de ejército: José Joaquín Prieto Vial, quien logró la estabilidad política y consolidación del régimen de Gobierno y Manuel Bulnes Prieto, sin duda, a juicio de los historiadores, uno de los más notables del siglo XIX, en cuyo periodo se sentaron las bases del régimen republicano.
Desgraciadamente, al asumir el presidente
José Manuel Balmaceda en 1886, encontró una oposición terminante en el Congreso
-algo semejante a nuestra actual realidad- que bloqueaba todas sus
iniciativas, con un parlamentarismo de facto que fue causante de la revolución de
1891, cuando la Armada se sublevó con el apoyo de fuerzas congresistas y
derrotaron finalmente a las tropas leales a Balmaceda en las Batallas de
Concón y Placilla, con miles de muertos en ambos lados, entre ellos dos
generales del ejército balmacedista, héroes de la Guerra del Pacífico, Orozimbo
Barbosa y José Miguel Alcérreca, vejados y expuestos a la multitud sus
cadáveres. Sin duda uno de los pasajes más negro de nuestra historia.
A raíz de la caída de Alessandri como lo
expresé en párrafos precedentes, sobrevino un periodo de inestabilidad política:
entre 1924 y 1932, cuando Alessandri nuevamente ganó las elecciones, hubo 21
gobiernos diferentes, siendo el más estable el del dictador Carlos Ibáñez
del Campo (1927-1931) como acostumbran a llamar la izquierda y los
ignorantes, digo yo, porque Ibáñez fue electo con el 98% de los votos emitidos
y un 82% de participación del electorado.
La famosa
república socialista, entre el 04 de junio y el 21 de diciembre de 1932, tuvo
siete gobiernos diferentes, y no tuvo más porque varias de las juntas de
gobierno estuvo conformada por militares, a quienes los
políticos les pidieron que las integraran.
La última intervención militar hasta la fecha…,
fue la de mi general Pinochet, que duró 17 años y que entregó el poder después
de un plebiscito previsto en la Constitución y llevado a cabo en forma limpia y
trasparente. Entregando la casa limpia y ordenada, muy diferente a lo que se tiene ahora.
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
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Si considera pertinente ruego difundir.
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