a. La Deliberación.
Al llegar al tiempo complementario o al alargue de mi existencia, como en mis columnas anteriores he procurado como un ciudadano de a pies, pero profundamente comprometido con mi patria y con la experiencia que me dieron mis 34 años de servicio en el Ejército de Chile -mi amada y entrañable institución- exponer algunas ideas junto al retrato de lo que me ha tocado vivir hasta la fecha, con la sola intención de alzar la voz -escrita- quizás, pretendiendo llamar la atención sobre el camino pedregoso sobre el cual transita nuestra patria, con un destino cada vez más incierto y del cual será muy difícil retornar a menos que reaccionemos ¡ya¡ Sin embargo, muchos no se han percatado ya sea por inocencia, ignorancia o un ideologismo satánico que les envuelve, o sencillamente no están ni ahí, en busca de una utopía jamás alcanzada, que los enceguece u obnubila.
Hace unos días, hice referencia a nuestro historial constitucional con respecto a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile y el papel que les ha correspondido en nuestro devenir como Nación y República. En síntesis, de acuerdo a la Constitución del presidente Lagos, 2005, las Fuerzas Armadas son instituciones profesionales, disciplinadas, jerarquizadas, obedientes y no deliberantes y existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Por otra parte, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones, constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas; dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.
Séame permitido analizar brevemente algunos de los conceptos destacados.
El de obediente, creo innecesario comentar pues, es claro que las Fuerzas Armadas no son cuerpos autónomos y están bajo la línea de mando del ministro de Defensa Nacional.
El concepto deliberante: Según la RAE, es la persona que reflexiona antes de tomar una decisión, considerando detenidamente los pros y los contras o los motivos por los que se toma.
Aristóteles decía que la “Deliberación” consiste en la toma de decisiones que las personas tienen que llevar a cabo, ya que esta forma parte de nuestro ser y no nos podemos desligar de ella, ya que continuamente estamos deliberando sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor, determinando que es bueno y que es malo, o simplemente sobre el bien personal o colectivo.
En consecuencia, es un acto propio de los seres racionales antes de tomar una decisión. Deliberan los padres, los jefes de familia, los jueces, tribunales, los parlamentarios, y con mayor razón quienes ejercen el mando de una institución armada, etc., especialmente el presidente de la república. Quizás, eso ha omitido el actual mandatario y sea la razón por la que nos encontramos en una situación de crisis nacional que ya he comentado en columnas anteriores. De manera que no es ningún pecado ni venial, como tampoco un acto inconstitucional que los comandantes en jefe deliberen, de otra manera no podrían conducir las instituciones y cumplir sus tareas acordes con lo que dice la ley magna. Todo lo contrario, es una obligación. Particularmente, creo que los comandantes en jefes del Ejército, Armada y Fuerza Aérea lo hacen con sus Estados Mayores, asesores y no me cabe duda que deben haberlo hecho con el ministro de Defensa Nacional, y el director general de Carabineros con el Ministro de Interior, y si no ha ocurrido es hora de hacerlo.
Distinto es cuando una de estas autoridades, independiente de lo que piense como individuo con respecto a una determinada ley en discusión o ya aprobada, promulgada u otra medida del gobierno, y que no afecte la misión encomendada por la Constitución de la República, pueda hacer comentarios ya sea públicos o al interior de cada órgano, a favor o en contra de ello; como por ejemplo la ley sobre el aborto, la educación sexual integrada, ley de inmigración, o la estúpida moción presentada en el Senado -por no emplear una expresión más peyorativa- referente a establecer el voto por correo, que significaría la pérdida del secreto y la abierta manipulación de este acto, etc., etc.
Pero, según mi modesta opinión, cuando se afecte el papel que la Constitución asigna a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, no solo pueden hacerlo, sino tienen la obligación de asumir sus responsabilidades, por ingratas que ellas sean ante los destemplados juicios recriminatorios de políticos y parlamentarios, cuando ellos sí, -los parlamentarios- han violado persistentemente la CPE., recurriendo a resquicios legales, para pasar por sobre las atribuciones del presidente de la república, aprovechando su debilidad y falta de carácter para ejercer el veto, sumándose al populismo y a lo que grita la calle, guiada por la izquierda recalcitrante, violenta y destructora.
b. La Seguridad Nacional
Volvamos a la CPE, además de obedientes y no deliberantes, existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. La CPE no aclara ni define lo que es Seguridad Nacional, como tampoco lo hace con el terrorismo; esto último, compartiendo con el derecho internacional que tampoco lo define, sino que habla de conductas terroristas. En consecuencia, no especularé al respecto, por cuanto existen variadas y múltiples interpretaciones, ni mucho menos hacer de este artículo un análisis académico. No obstante, el Libro de la Defensa de 1997 se refiere en los siguientes términos: La legislación chilena define la Seguridad Nacional como toda acción encaminada a procurar la preservación del orden jurídico institucional del país, de modo que asegure el libre ejercicio de la soberanía de la Nación, tanto en el interior como en el exterior ….Se trata de un concepto que engloba tanto la preservación de la seguridad interna como externa del Estado, de manera de asegurar su soberanía; soberanía que, en última instancia, permite libertad de acción para lograr eficazmente los Objetivos Nacionales. Los sucesivos textos de los años 2002, 2010 y 2017 las políticas de la defensa nacional solo muestran un barniz de dicho concepto o definitivamente no lo incluyen: En el plano del orden institucional, contribuir a la preservación de la institucionalidad de Chile como República democrática y del Estado de Derecho (2002); también es claro que, en un sentido integral y moderno, entre los factores que inciden en la propia seguridad nacional se cuenta la estabilidad y seguridad internacionales (2010). En el Libro correspondiente al año 2017, las Políticas de Defensa evitan nombrar siquiera el concepto de Seguridad Nacional, al parecer fue víctima anticipada del COVID 19. Únicamente, se pueden deducir en algunos párrafos expresiones generales afines a ella, como el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de orden interno en virtud de ciertos Estados de Excepción Constitucional y en materia de seguridad ante catástrofes; dentro de sus objetivos podemos interpretar el Mantener la integridad del territorio nacional y Contribuir a la preservación de la institucionalidad de Chile como República democrática y al Estado de Derecho. Y en el capítulo, Defensa, Seguridad y Desarrollo, respecto a Seguridad- a secas, sin apellido, establece que la Seguridad consiste en una condición que se desea alcanzar para que se realicen los fines del Estado y de la Nación, particularmente los del desarrollo social, económico y sustentable, y es resultado, en consecuencia, del conjunto de actividades que el Estado realiza para avanzar hacia el logro de sus objetivos y resguardar los intereses nacionales en relación con riesgos, amenazas o interferencias.
Creo no equivocarme al afirmar que, esta sucesión de cambios de políticas de la Defensa Nacional ha obedecido más que nada a las orientaciones partidistas de los gobiernos de turno, donde siempre ha primado el sentir de la izquierda ante una derecha ingenua e inmadura. No ha existido una doctrina de la Defensa Nacional. Y temo que el próximo objetivo será eliminar de la CPE el concepto de Seguridad Nacional.
En síntesis, este complejo de la izquierda por la Seguridad Nacional fue jalonado por la derogación del Decreto 181 de 1960 en febrero del 2010, días antes de entregar el gobierno Michel Bachelet. Dicho decreto había creado el Consejo Superior de Seguridad Nacional (CONSUSENA) y la Junta de Comandantes en Jefe, que intencionadamente la izquierda ha atribuido a la dictadura de Pinochet. La eliminación del CONSUSENA privó al presidente de la república de contar con la asesoría de los comandantes en jefe en todo lo que se refiere a la seguridad de la Nación; en cuanto a la Junta de Comandantes en Jefe que constituía el más alto organismo asesor del Ministro de Defensa Nacional, en las materias que incumban a las tres Instituciones Armadas, fue limitado en el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa como órgano consultor del Ministro de Defensa Nacional en materias comunes de las Fuerzas Armadas relativas al desarrollo y empleo de los medios militares.
La Constitución de Lagos, 2005, incorporó modificaciones al Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) con respecto a la de 1980. Agregó como miembros de dicho consejo al presidente de la Cámara de Diputados y al Contralor General de la República; los ministros que anteriormente eran considerados integrantes, solo podrán estar presentes cuando el jefe del Estado lo determine. Pero sin duda, la más importante es que bajo la CPE de 1980, además del presidente de la república, podía ser convocado por dos integrantes y el quórum para sesionar debía ser de la mayoría absoluta de sus integrantes; en cambio actualmente, cuando sea convocado por el Presidente de la República y requerirá como quórum para sesionar el de la mayoría absoluta de sus integrantes. El Consejo no adoptará acuerdos sino para dictar el reglamento que establecerá las demás disposiciones concernientes a su organización, funcionamiento y publicidad de sus debates.
De manera que el transcurso de los años, han ido desapareciendo los enclaves o las ataduras de la dictadura, todo esto con la connivencia de la derecha, que en el fondo no eran otra cosa que los antiguos tapones eléctricos, a los que se les ponía un alambre de cobre mucho más grueso, para que no se cayeran o bien, válvulas de seguridad de una caldera o de una olla a presión, que al no permitir proteger la red eléctrica por una sobrecarga en el primer caso, se generaba un cortocircuito que podrá genera un incendio, y en el segundo, al no permitir el escape del vapor, no solo reventaba la olla o la caldera, sino toda la cocina o la sala. Lo que constituye un serio peligro, el que no existan estas válvulas de escape, porque nuestra historia en el pasado ha conocido en varias oportunidades sus dolorosas consecuencias.
c. El Conducto regular
Pero hay una instancia que aún no la han descubierto los señores políticos -como decía mi general Pinochet- y constituida por una verdadera institución en los organismos de la Defensa Nacional: El Conducto Regular. Desde cadete nos enseñaban de acuerdo a nuestra reglamentación, que por el conducto regular se puede acceder hasta el presidente de la república y si le es negado dos veces, a la tercera vez se puede presentar sin conducto regular.
No me gustaría estar en los zapatos de los señores comandantes en jefe y de los directores generales de Carabineros e Investigaciones. Pero el cargo no solo trae honores, sino deberes y obligaciones; y mientras mayor es la jerarquía, más grande es la responsabilidad y la obligación. No faltarán quienes digan, otra cosa es con guitarra, pero no fuimos pocos que con una guitarra más chica, en su momento no transamos la continuidad de la carrera, sacrificando nuestras responsabilidades y los principios en los cuales ella se sustenta; y creo que en las actuales circunstancias por la que atraviesa nuestra nación, con un Estado prácticamente fallido, con la institucionalidad por el suelo, con un parlamentarismo de facto como la propia izquierda ha reconocido -que nos hace rememorar la revolución de 1891- negando sal y aceite, y pasar por sobre las atribuciones del presidente de la República e interfiriendo en otro poder del Estado; a lo que suma un partidismo ideologizado, que tan solo anhela el poder por el poder, creo que ha llegado el momento de hacer presente la preocupación institucional por el devenir de la patria. No olvidemos que en circunstancias parecidas hace 45 años, hubo vecinos que se afilaban los dientes para darnos una mascada y en patota, especialmente cuando pretendían solucionar sus problemas internos cargándonos la cuenta.
Los señores políticos en forma transversal nos quieren arrastrar a una nueva Constitución, como si fuera la panacea para solucionar los problemas que nos afectan; critican que la de 1980 -que ya no existe- acusan que carece de legitimidad de origen, pues fue producto de un gobierno dictatorial, sin padrón electoral y que fue manipulada, sin ofrecer pruebas de esto último. Como si las anteriores no hubiesen surgido de las crisis que vivía nuestra nación, salvo la del 2005. Sin embargo, la que se votará en octubre, en plena pandemia, lo que a sus precursores no parece importarle, pues viven la fiebre del sábado por la noche, sí carece de legitimidad de origen, ya que se generó después del acuerdo de paz de noviembre 20019, incumplido por los partidos de izquierda e incluso la DC a lo que se sumó una derecha inconsecuente con sus principios, ante la claudicación del presidente Piñera como opción para evitar la violencia que atesoró la oposición radicalizada, en busca de una asamblea constituyente que nos lanzaría al precipicio, olvidando así, el mandatario de cumplir con su deber constitucional de establecer el orden público. El presidente del partido socialista, que aun no aclara sus nexos con el narcotráfico, habla de reformas que los chilenos demandan y el padrino de la corte celestial, Girardi, dice muy suelto de cuerpo que el 80 % de los chilenos quieren una nueva constitución, que periodistas y medios en general repiten como una cantinela, sin ofrecer algún sustento que respalde las visiones oníricas del senador.
Fernando Hormazábal Díaz
General de Brigada (R)
Ruego difundir si estima pertinente.
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