Hace
algunos días el general de división (R) Eduardo Iturriaga N. -que cumple
condena en el Penal Punta Peuco- escribió una carta a las integrantes de la 6a.
Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en la que el citado oficial -de 84
años de edad- expresa fue condenado por dicha sala en forma unánime a la pena
de 15 años y 1 día de presidio como autor de los delitos de secuestro
calificado y aplicación de tormentos con violencia sexual, por supuestos hechos
acecidos hace más de 45 años.
El preso
político junto con desconocer categóricamente tales sucesos señala además que
si fuese culpable, guardaría vergonzoso silencio por la naturaleza de los
delitos que falsamente se le imputan, precisando por otra parte que su función
como miembro de la DINA a la cual fue destinado por el Ejército, estaba
orientada a la producción de inteligencia militar en el área económica social.
En el libelo se le acusa de aplicación de
tormentos a 4 subversivas y de secuestro calificado y aplicación de violencia
sexual a 6 detenidas. Sin embargo, apunta Iturriaga, en todo el expediente no
existe constancia ni registro que él haya secuestrado, aplicado tormentos o
cometido violencia sexual en forma alguna. Luego, pregunta a las magistradas si
fue condenado por presunción, recordándoles que las presunciones de acuerdo con
el Código de Procedimiento Penal entre otros requisitos deben ser múltiples,
graves, directas y concordantes, las que no se incluyen en el expediente,
como tampoco la existencia de testigos que avalen tales denuncias, afirmando del
mismo modo, que jamás conoció ni tuvo contacto alguno con las mujeres
supuestamente secuestradas y violentadas.
El
general Iturriaga -con justificada razón- acusa a las magistradas y abogada
integrante que han violado su honra y dignidad como ser humano, como miembro de
una institución fundamental de la República e integrante de un sólido y
numeroso núcleo familiar por un delito no ha cometido y que además de grave es
repudiable.
Lo expuesto
por el preso político no es un caso aislado, sino la punta de un iceberg ya
denunciado en múltiples oportunidades, sin que ello logre permear la
sensibilidad de parlamentarios, gobierno, partidos políticos y en general de la
sociedad, que hoy goza de la libertad obtenida gracias a los que actualmente son
víctimas de un sistema judicial espurio, obsoleto, que solo rige para los
miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, integrado en su mayoría
por jueces ideologizados y prevaricadores, donde reina la carencia de un debido
proceso, no se respeta la prescripción de los delitos, como tampoco la
aplicación de la ley amnistía aún vigente, que no obstante, los sucesivos
gobiernos han hecho uso para liberar a cientos de terroristas. La cosa juzgada
es violada y se abren procesos no respetando la ley: “La
persona condenada, absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia
ejecutoriada, no podrá ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo
hecho”. La presunción de inocencia es el derecho
de la persona que se encuentra imputada y debe guiar la actuación del tribunal
competente, independiente e imparcial, pero nuestros jueces lo han reemplazado por
la presunción de culpabilidad, y ante la falta de argumentos jurídicos o de
elementos probatorios inventaron el concepto del secuestro permanente,
ficción jurídica reconocida públicamente por un juez de la república en un
programa de tv abierta sin que ninguna autoridad reaccionara para revertir esta
brutalidad jurídica, bajo cuyo supuesto las personas acusadas de tal delito
mantienen aún retenidas a personas desde hace más de cuarenta años, encontrándose
los presuntos autores cumpliendo condenas injustas o habiendo ya fallecidos
muchos de ellos. El ministro de justicia -otrora admirador del gobierno militar
– y el actual mandatario les han negado los beneficios otorgados a miles de criminales
puestos en libertad como consecuencia de la pandemia, basado en otro argumento
falso, “por haber sido condenados por delitos de lesa
humanidad”, los que, no obstante,
estar vigentes en Chile solo a partir de julio del año 2009, Gendarmería ha informado
que no existe ningún condenado por tales delitos. Así funciona el Estado de
Derecho en Chile.
Pero la
denuncia que hace el general Iturriaga no es únicamente su caso particular. No
es un procedimiento aislado, ha sido la tónica seguida por los jueces que más
que aplicar justicia, buscan venganza, dando lugar por otra parte a un
verdadero emprendimiento de abogados y familiares de víctimas por las
cuantiosas cifras millonarias que reciben como compensación que pagamos todos
los chilenos, aun a costa de falsos testigos con memorias privilegiadas después
de más de 40 años que repiten el mismo libreto en cada proceso.
El general
Iturriaga condenado en primera instancia por el actual miembro de la Corte
Suprema de Justicia Mario Carroza, nunca lo interrogó personalmente, sino un
actuario, como tampoco los jueces posteriores Guillermo de la Barra y Paola Plaza
según su testimonio; y pese a haber solicitado careos con las presuntas
víctimas o eventuales testigos, estos jamás se han realizado.
De manera,
estimados feligreses de la parroquia de San Toribio, vayan olvidando una
eventual participación de las fuerzas armadas para recuperar la república, y no
porque les falte valor o coraje como señalan algunos ignorantes oportunistas; sean
insensibles a la falta del Estado de Derecho, al narcoterrorismo de la
macrozona sur; o proclives a los gobiernos de izquierda ni sus mandos formen un
cartel como en Venezuela, sino porque cuentan con la amarga experiencia del
olvido y abandono de quienes cumplen condenas en Punta Peuco, Colina 1 y otras
cárceles. ¿Uds. lo harían si estuviesen en sus lugares?
Fernando
Hormazábal Díaz
General de
Brigada (R)
Si estimas
pertinente, ruego difundir.
