Preámbulo
Estoy
consciente que al respecto se ha escrito bastante últimamente, incluso en todos
los medios de comunicación -aunque en forma tardía- están tomando el pulso a la
grave situación que nos aqueja, “in crescendo”, aunque tarde, más vale tarde
que nunca, pues ello informa y orienta a la opinión pública que está recién
comenzando a tomar conciencia, especialmente, de la anarquía y terrorismo que
reina en la macrozona sur del país. Desgraciadamente, por lo menos en la Región
Metropolitana, me he formado el convencimiento que la población ha estado más
preocupada de vaciar los anaqueles de las tiendas de plasmas, computadores y
línea blanca, antes que empaparse del peligro que encierra una eventual
propagación. Después que clamaban por hambre, no especificando de que apetencia
se trataba, esta actitud constituye una afrenta a las personas que
verdaderamente imploraban por necesidad y afrontar sus deudas.
Para
ponernos en el contexto del tema, recordemos que el artículo 24 de la C.P.E, señala
que la autoridad del presidente de la república, que es el jefe del Estado, se
extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en
el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la
Constitución y las leyes; texto que en el acto de asunción del mando por el
mandatario electo ante el presidente del Senado, jura o promete desempeñar
fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la
independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.
Lamentablemente no jura como lo hacen los miembros de las Fuerzas Armadas, de hasta
rendir la vida si fuese necesario.
Continuando
en el orden de secuencia al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, a
través del respectivo secretario de Estado, en relación con la Seguridad
Publica le corresponde una amplia y variada gama de obligaciones, entre otras:
proponer las normas y acciones sobre políticas internas para mantener el orden
público, la seguridad y la paz social; coordinar con otros ministerios en sus
respectivas esferas la seguridad pública y ciudadana; patrocinar, querellas y
requerimientos ante los tribunales de justicia por infracciones a las leyes de
seguridad interior del Estado, control de armas, antiterrorista y a otras
disposiciones legales; participar en el Plan
para la Prevención y Combate al Lavado de Activos y al Financiamiento del
Terrorismo, como asimismo la gestión de los asuntos que las Fuerzas de Orden y
Seguridad Pública requieran para el cumplimiento de sus funciones y que sean de
su competencia; etc.
De
lo anterior podemos colegir entonces que los principales responsables del grave
deterioro al Estado de Derecho, el aumento progresivo de la delincuencia y el
tráfico de drogas a nivel nacional, como el terrorismo existente en la
macrozona del sur -situación que el mandatario reconoció cuando postulaba a ese
cargo, comprometiéndose a tomar las medidas necesarias para combatirlo y
erradicarlo- ha quedado al igual que en
todas las otras promesas en el olvido; en consecuencia, en primer lugar, el presidente Piñera y luego
los ministros del Interior que se han sucedido en dicha cartera, especialmente
el ministro Blumel, son los responsables de no cumplir con sus obligaciones. No
voy hacer leña del árbol caído, porque además lo hice presente hace
varios meses en una carta abierta, que además hice llegar a todos los
parlamentarios de la R.M. y de las regiones de Arauco, Bio Bío y de Los Ríos.
En
verdad, no estoy muy optimista en que vayan a existir cambios sustantivos con
el nuevo ministro; y no es que desconfíe de sus capacidades, sino que mientras
el presidente Piñera no aprecie la delicada situación que vive el país y asuma
las responsabilidades que juró o prometió al asumir su cargo y no se desprenda
del miedo a ser juzgado por tribunales internacionales -que de todas maneras la
izquierda más temprano que tarde igual se jugará por ello- aprovechando el
marcado izquierdismo de tales organizaciones de DD.HH, especialmente por la Alta Comisionada de la
ONU, a cuyo pasado frentista jamás renunciará.
Es
muy difícil llevar un catastro estadístico de los hechos de violencia y terrorismo
que asolan a las regiones del sur, porque a diario se suman nuevos incendios,
no solo a propiedades particulares y emprendimientos de turismo, pues ya no
respetan iglesias, escuelas y municipios; ataques a vehículos y maquinarias,
tomas de predios, robo de madera, abigeato, tráfico y producción de drogas,
amenazas y amedrentamientos, que no respetan sexo ni edades, sean niños,
mujeres o ancianos, incluso de su misma etnia. Y lo más grave e incomprensible
es que todo ello sucede bajo un Estado[ de Excepción Constitucional, con fuerza
policial y militar presente. Pero ¿cómo? se preguntarán muchos, tanto en Chile,
pero especialmente en el exterior. Porque los han enviados con las manos
amarradas y como carne de cañón. Es fácil cuando todas las autoridades o la
gran mayoría tiene protección personal y no arriesgan su pellejo como a diario lo hacen estos sacrificados funcionarios; amenazados además con la pérdida de sus trabajos
o sometidos a la justicia, según aclarara y ratificara el Fiscal Nacional, hace
tan solo unos días, tanto a ellos como a los ciudadanos que en completa
indefensión han optado por valerse de sí mismos.
Para
variar las personas más afectadas no son precisamente las empresas forestales,
sino pequeños contratistas que han perdido millones de dólares por el incendio,
destrucción o robo de maquinarias, lo que por otra parte ha generado pérdida de
numerosos empleos, ahuyentando por otra parte la inversión, lo que incrementa
la cesantía y la pobreza de una de las zonas más pobres del país ante la absoluta falta de seguridad; tampoco escapan
de los narcoterroristas modestos ciudadanos de su misma etnia, que no han
querido sumarse a la acción vandálica de quienes dicen representar al pueblo
mapuche, los que se sienten envalentonados por parlamentarios de izquierda y
medios de comunicación que se omiten en un silencio cómplice, haciendo vista
gorda del terrorismo, a lo que no han faltado académicos e intelectuales con
columnas en los principales medios escritos, opinando desde la comodidad de sus
escritorios u oficinas, sin sufrir las consecuencias de los estragos.
Los
terroristas han aprovechado las condiciones de la falta de Estado de Derecho
para aplicar las mismas herramientas que solemos ver en el cine, el
impuesto a la protección: si no me pagas, te quemo, te destruyo o te
mato. A cambio de no verse afectadas las forestales, éstas les otorgan
determinadas áreas de sus bosques para la libre explotación o bien retribuyen
con dinero o camionetas, según lo declarado por una dirigente gremial de los
agricultores. Producto del abigeato masivo de la zona, en la comunidad
Temucuicui -donde Chile ha perdido su soberanía- existe una planta faenadora de
carne, cuyo producto es vendido en forma fraudulenta al comercio de Concepción,
con lo que se genera un circuito de nunca acabar que incentiva el robo de
animales; a esta comunidad también llegarían las armas internadas ilegalmente
desde Argentina y otras ingresadas por el narcotráfico.
Si
bien es cierto que el problema de las tierras es de muy antigua data, pese a
las diversas medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos, algunas malas,
otras menos malas o buenas, es obvio que subsiste, cuya solución amerita un estudio
profundo y un trabajo arduo y persistente, con participación de autoridades y de
los sectores y personas involucradas, ajeno a la contingencia política, lo que
tomará un tiempo no muy breve. Será de vital importancia sí, que quienes
representarán oficialmente a las comunidades mapuches, dada las variadas
organizaciones existentes -hay muchas cabezas con intereses distintos- se pongan
de acuerdo en quienes y la forma en que serían elegidas. Lo anterior no
justifica en ningún caso que se siga actuando bajo la extorsión, el vandalismo
y el terrorismo, porque ello es ajeno a la causa mapuche. Tiene una clara
orientación política, donde no ha faltado el Partido Comunista, el
narcotráfico, posible financiamiento externo aun sin precisar; y la influencia
de las FARC, de acuerdo a testimonios enviados por autoridades del Gobierno de
Colombia bajo el primer periodo presidencial de Piñera, jamás investigados hasta
la fecha y barridos bajo la alfombra.
General de Brigada (R)
